Solo C's y PP piden al TC medidas cautelares para evitar el debate del lunes sobre la declaración soberanista

Por su parte, el recurso presentado por el PSC no incluye peticiones de suspensión, al entender que el tribunal de garantías no las aceptara, tal y como ha adelantado este miércoles ante las puertas del tribunal el propio Miquel Iceta. Se limitan a solicitar, por ser claramente inconstitucional, la nulidad de la decisiones adoptadas por la Mesa del Parlament para admitir a trámite la propuesta de resolución.

La posible admisión a trámite de los tres recursos de amparo, así como la adopción o no de medidas cautelares, será debatida mañana por el Pleno del TC, que ha acordado incluir los escritos en su orden del día de mañana.

Así, en su recurso el PP alega que en este caso es aplicable artículo 56.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y por tanto puede acordarse la "suspensión inaudita parte" -es decir, antes de deliberar sobre cualquier otra consideración-, de los actos recurridos en el momento de admitirse a trámite su recurso de amparo, "por concurrir un supuesto de urgencia excepcional".

Según advierte el PP en su recurso, en el caso de no adoptarse la medida de "suspensión inaudita parte" y con carácter urgente, se perdería la finalidad del recurso de amparo "de forma evidente" ya que la deliberación y votación en el Pleno del Parlamento catalán de la propuesta de resolución se ha anunciado para el próximo día 9.

PERTURBACIÓN EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL

De no suspenderse los acuerdos impugnados -los de la Mesa relativos a la admisión a trámite de la propuesta de declaración y el de convocatoria de la Junta de Portavoces cuando el PP aún no ha constituido su grupo parlamentario-, "se atentaría contra el interés general de España, produciendo una perturbación en el orden constitucional de convivencia".

Muy al contrario, "ningún perjuicio se irroga al interés público por la suspensión, sino, en el presente caso, "el daño al interés público se produce por permitir el debate y la aprobación de la resolución".

El recurso de C's coincide con el PP en este punto y solicita al TC que otorgue "de forma inmediata la medida cautelar de suspensión de los acuerdos recurridos contra los que se dirige este amparo, dada la extraordinaria gravedad que para la supervivencia del propio orden constitucional tiene los acuerdos impugnados".

RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En lo que se refiere al fondo del asunto, el PP hace especial referencia en su recurso a la reunión ayer de la Junta de Portavoces del Parlament con un orden del día destinado a recabar el criterio de los diferentes grupos parlamentarios respecto de las peticiones de C's y PSC para que la Mesa reconsiderara la admisión a trámite de la propuesta.

Fundamentalmente, el PP considera que la propuesta independentista de Junst pel Sí y la CUP es "contraria a derecho e inconstitucional de forma palmaria y evidente", ya que pretende "de forma notoria y grosera el establecimiento de una Cámara con poderes ilimitados e incita a la desobediencia frente a nuestro sistema constitucional de convivencia".

Destaca especialmente el PP que el Parlamento pretende "autoproclamar al Parlamento como depositario de una soberanía catalana que, en tanto que expresión de un poder constituyente procedería a autodeclarar dicho proceso constituyente, estableciéndose como único poder de facto en Cataluña y anulando a todos los demás".

Pretenden ignorar con ello, según subraya el PP, los fundamentos básicos de nuestro sistema constitucional como son la democracia representativa, la soberanía nacional, la monarquía parlamentaria, el principio de legalidad, la división de poderes, la seguridad jurídica y el sistema autonómico".

El PP también recuerda que la Mesa tiene la "obligación" de inadmitir las iniciativas que vulneren de forma palmaria y evidente la Constitución y el Derecho. Por ello, y en esto coincide con C's y el PSC, la admisión a trámite supone una "vulneración frontal" del artículo 23 de la Constitución, que regula los derechos y facultades de los parlamentarios .

Los actos impugnados, en especial la celebración ayer de la Junta, afectan al ejercicio legítimo de la función de representantes de los diputados al vulnerar su derecho a formar Grupo Parlamentario, siendo relevante para la efectividad del artícuulo 23 de que "se respete las formalidades existentes en cuanto a la formación de grupos parlamentarios".

RECURSO DE CIUDADANOS

En su recurso, C's también insiste en que los acuerdos contrarían "palmaria y manfiestamente" el orden constitucional del que Junts pel Sí y la CUP pretenden "desconectarse", privando de legitimidad al propio Tribunal Constitucional. Pretende la "subversión del mando representativo que constitucionalmente corresponde a los diputados electos del Parlamento de Cataluña", advierten.

Defiende Ciudadanos que, en todo caso, la propuesta de resolución "carecería de efectos jurídicos" y que vulnera, además del citado artículo 23 de la Constitución- en lo que respecta al ejercicio de las funciones de los diputados autonómicos y al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes-, los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Carta Magna, varios preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la propia LOTC.

Estos artículos aluden a que la soberanía nacional reside en el pueblo español, a la indisolubilidad de la nación española, a la sumisión a la Constitución y a las leyes, y a los procedimientos de reforma de la propia constitución.

ARGUMENTOS DEL PSC

Por su parte, el ecurso desgrana al igual que los anteriores todos los escritos dirigidos a las instituciones parlamentarias y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, para pedir que no se tramitara la propuesta de resolución independentista, y concreta que todos ellos han sido desoídos "por la mayoría" independentista de los miembros de la Mesa, en la que JxSí tiene cuatro de las siete sillas.

Asegura en su recurso que "no es necesario entrar en un análisis demasiado profundo [de la propuesta de resolución independentista] para asegurar que el contenido es absoluta y palmariamente incompatible con la Constitución, el Estatut y los principios de cualquier Estado de Derecho", por lo que solicita el amparo del TC para impedir que se lleve al pleno.

Además subraya que la declaración de JxSí y la CUP tiene graves efectos políticos pero también jurídicos, teniendo en cuenta que aboga por "la ruptura con los principios, instituciones y organización territorial establecidos en la Constitución y el Estatut".