Hoy volveremos a saber qué opina la sociedad catalana sobre su futuro. Volveremos, sí, porque llevamos unas cuantas elecciones sabiéndolo sin que haya habido movimientos notables respecto a si quieren o no constituirse como una entidad política propia, independiente; lo que viene siendo un Estado, vamos. Cambian las siglas, se reagrupan, su sustituyen, nacen nuevas formaciones, pero nada cambia sustancialmente respecto al núcleo del debate. Si hay menos CDC, hay más Esquerra (ahora todos juntos); si hay menos PP, hay más Ciudadanos; si hay menos ICV, hay más Podemos; pero cambiar, poco.

La única conclusión clara de estas elecciones, al margen de los resultados, es que en España han visto por primera vez y de manera real la posibilidad de una independencia. De lo contrario nadie se explica el interés que los resortes del Estado, no sólo el Gobierno del PP, han puesto en la cita electoral.

Quizás, la mayor prueba de esa nueva consideración con la que España mira a Cataluña ha sido el debate que protagonizaron en el canal privado 8TV el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y el ministro de Asuntos Exteriores español, García Margallo. Cierto que el ministro insistió en que él hablaba como militante del PP y no estaba allí en condición de ministro (¡y menos de Exteriores!) pero era imposible no considerarlo como el representante del Gobierno español. Por cierto, como ya le ocurriera la víspera a Rajoy, parece que todos se saben mejor la lección que los propios gobernantes españoles.

Otra de las curiosas dedicatorias españolas a la cuestión catalana ha venido del ámbito económico. Por la irresponsabilidad del gobernador del Banco de España, con una actitud más propia de un ultra del Frente Atlético, y por las notas de los círculos de empresarios (el español y el vasco, tanto monta, monta tanto). Esto de que los empresarios, así en general, opinen todos lo mismo sobre algo me escama bastante. Es como si todo el Orfeón Donostiarra o los socios del Athletic tuvieran una homogénea idea de lo que debe suceder en Cataluña.

Del asunto económico, me han sorprendido las cifras sobre el futuro de las pensiones en un hipotético Estado catalán independiente. Primero, porque los representantes del Gobierno español olvidan que las pensiones que hoy se pagan ya fueron recaudadas ayer, por lo que negar la pensión a un jubilado catalán sería lo más parecido a un robo. Y, segundo, vuelve otra vez la monserga de que el sistema propio de gestión de la Seguridad Social sería deficitario (260 millones de euros anuales en el caso catalán, dice el Ejecutivo del PP). Si es cierto, como en el caso vasco, ¿por qué se aferran a la caja única? ¿Por qué no permitir que gestionen su déficit y soltar así lastre? Para mí, la razón es clara: no dicen la verdad ni con cifras.

Y siempre queda un hueco en estos debates para los frikis. La palma se la lleva el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, llamando a rezar por la unidad de España en las parroquias del levante. Eso sí, la carta pastoral empieza con un solemne “no entramos en valoraciones políticas”. El cardenal me ha recordado a Franco cuando le espetó al director del falangista diario Arriba que “haga como yo y no se meta en política”.

Así que esta noche sabremos lo que ya sabíamos: que existe un problema entre el poder español y el catalán. Y añadiría a modo de vaticinio: tampoco esta noche se resolverá esa cuestión porque las diferencias no son abrumadoras entre los que quieren la independencia y los que prefieren seguir como hasta ahora. Lo cual, nos remitirá otra vez a un nuevo periodo de negociación. Es decir, a la casilla de salida.