pocas veces las campañas electorales sirven para ganar o perder unas elecciones. Los quince días previos a la fecha de los comicios suelen servir para convencer a indecisos o movilizar el voto de unos pocos, ya que la inmensa mayoría de los que van a votar ya tienen decidido, con mucha antelación, el color de su papeleta. Lo que hay en juego se reduce a rascar algún escaño o regidor al contrincante. Pero en ocasiones la quincena previa resulta decisiva, como sucede ahora en Catalunya.
Haya mucho o no en juego, los partidos miden al milímetro los mensajes que emiten hacia el electorado. En eso consiste el marketing electoral: controlar hasta el mínimo detalle la imagen que el candidato muestra al público. Lo que no se puede controlar es lo que otros dicen sobre el cabeza de lista, al menos la mayoría de las veces. Ese es el caso de las investigaciones policiales o las causas abiertas por presunta corrupción. En varias ocasiones, como ha sucedido en puertas del 27 de septiembre catalán, han arrojado novedades en plena precampaña, lo que ha provocado críticas de electoralismo y utilización de la justicia por parte de los candidatos independentistas.
A escasos quince días del inicio de la campaña electoral en Catalunya, numerosas redacciones de medios de comunicación recibieron un chivatazo: la mañana del día 29 de agosto se llevarían a cabo una serie de registros en la sede de Convergència, la de su fundación CatDem y en cuatro ayuntamientos de la formación en busca de pruebas que, presuntamente, implicaban al partido del president, Artur Mas, en una trama de cobro de comisiones a la empresa Teyco a cambio de adjudicaciones públicas, el famoso 3% denunciado por los socialistas hace una década. La mañana se hizo larga para los periodistas que pretendían cubrir la noticia, ya que la información les llegó antes a ellos que a los propios secretarios judiciales, según se denunció en determinados ámbitos. La causa siguió bajo secreto de sumario y no hubo ninguna detención. La pena del telediario, sin embargo, no tuvo clemencia. La apertura de todos los noticiarios con las imágenes de la Guardia Civil entrando en la sede de Convergència y saliendo con varias cajas puso los pelos de punta a más de uno. No se fueron de vacío, según la policía: confiscaron el disco duro del ordenador del administrador y documentos de la fundación de CDC.
Desde Madrid defendieron que la actuación de la Guardia Civil no fue gratuita, ya que forma parte de una investigación que junto con la Fiscalía Anticorrupción busca indicios del pago de supuestas comisiones a la constructora Teyco, cuyo director es uno de los fundadores del partido. Pero la operación levantó ampollas más allá de la sede de Convergència. El debate que se abrió a posteriori por diferentes esferas de la sociedad se articuló sobre si era el momento y la manera de hacerlo.
Josep Rull, coordinador general de Convergència, señaló entonces que aquella acción había sido desmesurada y claramente electoralista. “Si quieren documentos, que los pidan”, esgrimió en una rueda de prensa de urgencia convocada al acabar el registro. Sus socios electorales, ERC y otros miembros de entidades soberanistas, apoyaron en esta ocasión a los convergentes denunciando que la operación respondía a una estrategia de guerra sucia del Estado contra el proceso catalán.
La comunicación política tiene mucho de comunicación de crisis, por lo que la mejor defensa es una buena previsión de posibles escenarios que se pueden producir. Lo explica Toni Aira, periodista y especialista en comunicación política, que añade que la táctica de “hacerse la víctima” en estos casos es el recurso más utilizado y el que genera menor empatía.
Pero el reciente registro no ha sido el único caso que ha estallado en medio del proceso catalán. En 2012, el diario El Mundo publicaba una información en la que vinculaba a Artur Mas con las actividades ilegales de la familia Pujol. Lo hacía basando su información en un supuesto informe generado por la unidad de Inteligencia Financiera del Principado de Liechtenstein que estaba en posesión de la Guardia Civil y al que el periodista tuvo acceso. La bomba cayó en plena campaña electoral en 2012 y el entonces candidato a la Generalitat, escudándose en su inocencia, anunció que denunciaría al periódico por publicar información falsa, según dijo, con la única finalidad de perjudicar su imagen de cara a los comicios.
Semanas después de la publicación, el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ordenó a la Policía española que investigara la filtración y la existencia del informe que señalaba a Artur Mas. El ministro tenía la intención de esclarecer si realmente existía dicho informe y, en caso afirmativo, por qué vía se había filtrado.
Aira explica que la mejor defensa en estos casos es tener previstos escenarios plausibles para contar con respuestas rápidas y convincentes ante el estallido inesperado de una información. “Todos los partidos saben, o deberían saber, lo que tienen en sus casas, por lo que lo más lógico es que puedan anticipar respuestas eficaces ante los ataques del adversario”, comenta. De todas formas, según el experto, estos casos no tienen un gran efecto directo en las urnas puesto que son estratagemas poco originales y a las que la gente ya está acostumbrada, según opina. Es más, Aira apunta que refuerzan las parroquias del atacante y el atacado. En el primer caso, porque da más argumentos a los suyos para ir en contra del adversario y, a los segundos, porque el sentirse atacado ayuda a cerrar filas.
Pero aún estallaría otro caso más. En esta ocasión, le tocó al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que vio manchada su reputación por una información que defendía que el edil barcelonés tenía una cuenta en Andorra con 12,9 millones de euros, que provenían a su vez de Suiza. En unas contundentes declaraciones el mismo día de la publicación de esta información, Trias sentenció que no toleraría ese tipo de ataques, que no tenía constancia de que hubiera abierta ninguna investigación contra él, y que se querellaría contra el periódico por injurias. Exigió en su denuncia que el juez citara a declarar al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que aclarara si estaba siendo investigado. El caso quedó en suspenso tras darse a conocer por las entidades bancarias suizas que Xavier Trias no constaba como cliente suyo.
Que la corrupción entre en campaña no es un caso exclusivo de Catalunya. De hecho, y como relata el profesor Aira, los grandes expertos en este tipo de cuestiones son los norteamericanos, que tienen muy estudiado el discurso negativo y sus consecuencias. En este sentido, señala que en el Estado español se ha utilizado esta estrategia a lo largo de las últimas décadas, alcanzando su punto álgido en los años 90 cuando PP y PSOE se lanzaban como arma arrojadiza las investigaciones de los GAL, o casos como el de Roldán. “Cuando los partidos optan por esta opción, deben tener muy medido el impacto, ya que pueden salir ellos mismos salpicados y, en momentos como el actual, que existen fuerzas políticas alternativas a las clásicas, los que pueden reforzar su postura son estos terceros”, sostiene.
El caso de los ERE en Andalucía sería un ejemplo. La investigación estudia el procedimiento a través del cual la Junta de Andalucía ofrecía soporte económico a varias empresas. La investigación ha desvelado que, desde 2011, se han detectado prejubilaciones y subvenciones irregulares, y pagos de comisiones a cargos políticos y sindicales. El fraude alcanzado a través de esta red ascendería a los 136 millones de euros. En él se han visto implicados miembros de la Junta de Andalucía, entre ellos su expresidente, Manuel Chaves, así como dirigentes de CCOO y UGT.
En los últimos comicios andaluces, venció la candidata socialista, Susana Díaz, pero sin la mayoría suficiente para ser investida. En dichas elecciones, dos nuevas formaciones que se presentan como alternativas al bipartidismo, Ciudadanos y Podemos, lograron ser decisivos en la investidura de Díaz. Finalmente, tras tres meses de negociación, Ciudadanos se convirtió en la muleta de la nueva presidenta socialista.
En Valencia, donde los casos de corrupción sonados de los últimos años no habían pasado factura aún al PP -principal protagonista de las investigaciones-, la participación de nuevas formaciones alternativas ha servido para desalojar a la formación. Así, Compromís y Podemos alcanzaron un acuerdo con los socialistas para escoger como presidente al candidato del PSOE, Ximo Puig. El pacto se repitió en la ciudad de Valencia. La popular Rita Barberá perdió la alcaldía tras 24 años en el cargo, gracias a los pactos entre la marca blanca de Podemos, Valencia en Comú, los socialistas y Compromís, proclamando al candidato de esta última formación, Joan Ribó.
Aira recuerda que desde hace meses se rumorea que otro nuevo escándalo estallará en la campaña catalana y que ante esta previsión los partidos ya deben estar preparados. Quedan cuatro días para las elecciones del día 27, margen suficiente para vivir un nuevo escándalo en la que está siendo la campaña más tensa y apasionada de los últimos años.
