bilbao - El debate y la polémica sobre el reconocimiento de las víctimas del terrorismo se ha situado en los últimos días en la inclusión en algunos listados de miembros de ETA como damnificados por la violencia pese a que ellos mismos la ejercieron. En concreto, tras la detención por la Guardia Civil de ocho personas por su presunta vincluación a un homenaje celebrado en julio en memoria de Luzia Urigoitia -miembro del comando Donosti que murió por un disparo en la cabeza efectuado a escasa distancia por un agente cuando iba a ser detenida-, se ha destacado que esta militante de ETA figura en las listas de los Retratos Municipales entregados por el Gobierno Vasco a los alcaldes de los municipios de Euskadi donde ha habido muertos por la violencia. Aunque Urigoitia, como otros muchos, figura bajo el epígrafe de “Otros casos que requieren mayor información y contraste”, el Ejecutivo vasco ha sido acusado de mezclar a terroristas junto con sus víctimas. De hecho, el colectivo de víctimas Covite ha pedido la dimisión del secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, a quien considera responsable de estos informes, solicitud que ha sido secundada por UPyD. Por su parte, tanto PSE como PP han sido muy críticos con estos listados por mezclar victimarios y víctimas. Sin embargo, el Ministerio del Interior del Gobierno español tiene reconocidos oficialmente como víctimas del terrorismo a al menos trece etarras que a su vez han sido asesinados por diversas organizaciones. Estos militantes de la banda armada figuran en la lista oficial de “Fallecidos por el terrorismo indemnizados por el Ministerio del Interior”, un documento público que el Gobierno español tiene colgado en su propia página web. Es decir, que no solo están reconocidos como víctimas junto a otros asesinados por la propia ETA, sino que sus familiares han recibido una compensación económica, al igual que el resto de damnificados por el terrorismo en virtud de las distintas Leyes indemnizatorias (la 13/1996, la 32/1999 y la 29/2011). En el listado figuran militantes de ETA como María Dolores González Katarain Yoyes, asesinada por sus propios compañeros en 1986 después de que se acogiera a las medidas de reinserción; Ramón Oñederra Kattu, compañero de Joxean Lasa y Joxi Zabala y que, como ellos, fue una de las primeras víctimas de los GAL; Mikel Goikoetxea Elorriaga Txapela, muerto por disparos en San Juan de Luz; Ángel Gurmindo Stein y Vicente Perurena Peru, que cayeron también en atentado de los GAL; o Xabier Pérez Arenaza, cuñado de Txomin Iturbe. Uno de los casos más llamativos incluidos en el listado del Ministerio del Interior es el de Tomás Pérez Revilla, un histórico dirigente de ETA militar que murió tras 43 días de agonía desde el atentado del GAL que sufrió en 1984 y de quien se sospecha que intervino en el secuestro, brutal tortura, asesinato y desaparición de los cuerpos de tres jóvenes gallegos que fueron a ver una película a Iparralde y fueron confundidos con policías por algunos refugiados. Asimismo, figuran también en la lista Juan María Otegi Elicegi Txato -presuntamente implicado en el asesinato de dos guardias civiles y cuya esposa e hija murieron también en otro atentado de los GAL-; y José María Etxaniz Potros, Iñaki Astiasuinzarra, Agustín Irazastubarrena y Sabino Etxaide, los últimos cuatro refugiados asesinados en atentado del hotel Monbar en 1985. - E.S.