Lakua afirma que cumplir el Estatuto “casi duplicaría” los Presupuestos vascos

Esta es una de las conclusiones que arroja el informe aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y que hoy será remitido a la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, que desde el pasado año reúne a todas las fuerzas con representación en la Cámara autonómica en torno a este debate. La documentación aportada por el Gabinete Urkullu a petición de este foro es tajante: el pleno cumplimiento del Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno español permitiría a las instituciones vascas, entre otros aspectos, responsabilizarse del sistema de la Seguridad Social en la CAV, según consta en el artículo 18.2 del texto estatutario; o lo que es lo mismo, gestionar los cerca de 7.000 millones de euros que este entramado maneja en las prestaciones retributivas.

Además, al tratarse de una ley orgánica su cumplimiento debería ser obligado sin que circunstancias coyunturales supongan “una remora para su inmediata y oportuna transferencia”. Así lo expuso el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, quien se encargó de avanzar un resumen de los ochos informes que a instancias de la Ponencia de Autogobierno derivarán hoy desde Lakua a las dependencias parlamentarias. Pero, a tenor del trabajo completado por el Ejecutivo autonómico, el caso de la Seguridad Social es solo la punta del iceberg de un listado que aúna 24 materias pendientes de transferir y otras 8 que presentan diferentes grados de ejecución desde que en 1979 fuera aprobado y refrendado por la ciudadanía el Estatuto vasco.

Desde Lehendakaritza califican el veto a un sistema de Seguridad Social propio como el incumplimiento “más grave”, una denuncia que acompañan con las “consecuencias políticas” derivadas de las materias y servicios pendientes de ser transferidos. El resultado es un autogobierno “en riesgo de crisis”, según alertó Erkoreka, que padece la “pérdida paulatina” del valor estatutario que refleja la “negación de la realidad nacional vasca” y que ha conducido a un “Estado mutado y sumido en la desprotección”.

En esta misma línea, el Ejecutivo autonómico denuncia que históricamente la actitud del Gobierno de España ante los derechos históricos y la especificidad vasca, tanto cuando el partido al frente ha sido el PP como cuando fue el PSOE el encargado de tomar las riendas institucionales, ha derivado en una situación que pone en riesgo la solidez de los pilares estatutarios. “No debe ocultarse que hoy por hoy el Concierto Económico es una institución que, pese a su potencial financiero y de tratamiento bilateral, comienza a hacer visibles algunos signos de fragilidad”, relata el informe.

Las críticas se acentúan en torno a la “recentralización” que desde Gasteiz achacan al PP y a la “homogeneización” de los diferentes niveles competenciales de las comunidades autónomas en lo que desde Lakua se califica como un “uso abusivo del concepto de coordinación de las políticas públicas”.

En consecuencia, el Gobierno Vasco insiste en reclamar “una relación preferentemente bilateral y pactada” que ponga fin a los incumplimientos que observa por parte de Madrid. De este modo, según la receta de Lakua, Euskadi dispondría de un sistema efectivo para reaccionar ante las vulneraciones del autogobierno y podría demandar, entre otras cosas, una negociación efectiva en aspectos como el Cupo -la aportación vasca al Estado por las cargas que no asume la CAV- que sigue aparcada desde hace años.

Estos aspectos forman parte del informe sobre el Concierto Económico elaborado por el Gobierno Vasco, que junto al de los incumplimientos del Estatuto, la viabilidad de un sistema propio de la Seguridad Social y el titulado propiamente “relaciones entre la CAV y el Estado español”, forman el eje troncal de las luces y sombras que han predominado entre ambas administraciones.

Junto a ellos, los responsables del Gabinete Urkullu también han repasado en otros dos documentos las relaciones de Euskadi con Navarra e Iparralde. En el primer caso se documentan los 17 convenios de relación bilateral entre los gobiernos vasco y navarro, como muestra de la proximidad y de los lugares comunes entre ambos. En lo que respecta a Iparralde, el informe detalla la posibilidad que tienen a su alcance las entidades territoriales “sub-estatales europeas” para acordar la configuración de un espacio de cooperación transfronterizo, un derecho que, no obstante, se halla “limitado” por el “amplio margen de injerencia” de los Estados español y francés.