Los pilares de la desconexión

Respecto al sistema bancario, uno de los aspectos que aborda el documento, la Generalitat debería ejercer las competencias sobre la regulación y la supervisión de las entidades de crédito atendiendo a las directrices y limitaciones que marca la Unión Europea (UE). La previsión es que el área de supervisión se integre en la estructura del Banco de Catalunya, que implementaría la política monetaria acordada por el Banco Central Europeo (BCE). Si el Estado y la UE no transfirieran todas las informaciones de las entidades que quedarían bajo supervisión del Govern, se crearía una infraestructura similar a la del Banco de España para ejercer esta tarea previendo una posible salida temporal de la UE. Catalunya, reza el informe, puede mantenerse en la zona euro como miembro de pleno derecho o cerrando un acuerdo monetario con la UE y el BCE, y ante un veto de España, podría ser parte del Espacio Económico Europeo como miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio. Asimismo, podría acceder a los mercados financieros hasta que se consolidara su situación, pactando con el Gobierno español sobre el reparto de la deuda y los activos, aunque algunas entidades financieras puede que no ayudaran en la gestión recaudatoria. Una de las tareas apuntaría a acordar con la UE el ritmo del proceso de consolidación fiscal, hablar de los fondos europeos y de la contribución catalana al presupuesto comunitario. Y es que el mantenimiento del euro es crucial para evitar que una devaluación incremente el valor de la deuda.

El sistema educativo sería también revisado para mejorarlo de acuerdo con las recomendaciones europeas, aunque sería costoso el traspaso ordenado a la Generalitat de todo el personal docente que es funcionario del Estado español, incluyendo el cuerpo de inspectores de educación y garantizando los derechos laborales adquiridos. La gestión de titulaciones y certificados antes de la secesión sería vital para ratificar su validez y lograr la homologación europea con acuerdos bilaterales para el reconocimiento internacional de las enseñanzas, las programaciones y las titulaciones.

En el campo de la salud se atenderían ámbitos concretos como el órgano de reconocimiento y control de asegurados o la continuidad transitoria de la cartera de servicios. Por contra, el informe realizado por Pi-Sunyer sitúa como una “fuente de tensión potencial” las divergencias entre los partidos sobre la orientación general que debe tener el modelo. El punto crítico reside en la adopción del catálogo público de medicamentos con sus condiciones de precios, financiación y aseguramiento. Asimismo, en el apartado de la Seguridad Social se crearía una agencia catalana para gestionar las prestaciones del sistema de protección, asumiendo las que controla Madrid, y sería la encargada de recaudar, maniobrar ayudas, fondos de reserva, recursos humanos y tecnológicos, etcétera, de manera que, sin lagunas ni superposiciones de protección, se garanticen todos los pagos manteniendo el nivel.

competencias de seguridad En cuanto a Seguridad, los Mossos asumirían las competencias que ahora disponen los cuerpos del Estado, incluyendo la participación en Europol y la Interpol, el terrorismo, el control de las fronteras y de extranjería, salvamento y la seguridad marítima, o la seguridad ciudadana y la investigación criminal en aguas interiores y puertos. Lógicamente, como por ello faltarían efectivos, habría que formar y especializar agentes de policía. Igualmente, en el terreno de las infraestructuras, Catalunya dirigiría las líneas ferroviarias de interés estatal y debería conseguir la titularidad de la red de carreteras. El Departamento de Territorio no ve complicado el traspaso de activos de Renfe, pero estima más “delicado” el de la red de ferrocarriles gestionada por Adif , dado que la separación entre la gestión del servicio y la infraestructura no es clara, y considera “particularmente urgente” la regulación del modelo. Para evitar asumir la deuda, señala que Adif podría gestionar la infraestructura como compañía privada. En cuanto al sistema aeroportuario, el ejecutivo sostiene que solamente con el control físico de los aeropuertos se podría garantizar el funcionamiento, y estima “altamente improbable” que se cerrara el espacio aéreo sobre Catalunya porque generaría un caos en el continente. Eso sí, la Generalitat no tiene estructuras y personal especializado para ejecutar competencias marítimas relacionadas con navegación, aduanas, señalización y abanderamiento de buques, iluminación de costas y salvamento marítimo. A su vez, el Govern de la independencia tendría que crear un operador energético catalán, y en cuanto al agua el peligro es el rechazo a la transferencia de los embalses de las cuencas del Ebro y operar en los embalses, como ya ha amenazado algún político como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

En el aspecto cultural, el punto más relevante es el museístico, con el riesgo que atañe al Museo Dalí de Figueras, dada la herencia del pintor en favor de la Administración española. Además, se debería cambiar la titularidad del Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, ahora estatal, y se podría excluir al Estado de los patronatos de los consorcios del Museo Nacional de Arte de Catalunya y del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y suplirse su aportación económica. Por su parte, en el sector primario, para continuar recibiendo los 350 millones de euros anuales en ayudas agrícolas de la Unión Europea, evidentemente Catalunya tendría que mantenerse dentro del club europeo. Igualmente, hay datos básicos de la ciudadanía para acceder a servicios públicos, desde el registro del nacimiento hasta el empadronamiento vigente, que se podrían agrupar para evitar comunicarlos a cada administración cuando deban actualizarse.

funcionariado En las materias que son competencia exclusiva del Estado pero no solamente en ellas, dice el Govern, hay estructuras, entes y servicios que dejarían de tener sentido, y otros deberían reorganizarse o potenciarse con el correspondiente personal. De hecho, hay más de 20.000 funcionarios en la administración pública estatal, incluyendo las delegaciones del Gobierno o el servicio público de educación, trabajadores de la Seguridad Social o de la administración de justicia. El ejecutivo plantearía fijar condiciones de incorporación de los empleados públicos del Estado con carácter voluntario, y prever situaciones de transitoriedad y los puestos de trabajo que no se puedan cubrir con personal propio o integrado. En definitiva, la reconstrucción de una nueva Catalunya.

Sistema bancario. Supervisión de las entidades de crédito según las directrices de la UE.

Hacienda y deuda. Garantizar los ingresos tributarios.

Sistema educativo. Homologación de titulaciones y certificados.

Salud. Adoptar un catálogo catalán de los medicamentos.

Protección social. Evitar lagunas y superposiciones, y garantizar el nivel de las prestaciones.

Seguridad. Más efectivos.

Infraestructuras. Traspaso de la red de ferrocarriles de Adif.

Agua y energía. Negociar la gestión hidráulica del Ebro.

Cultura. Aclarar el destino de los fondos del Museo Dalí.

Sector primario. Asegurar las ayudas de la Unión Europea.

Datos básicos. Clarificarlos.

Función pública. Traspaso de los funcionarios del Estado.