Barcelona - Artur Mas no caerá en la trampa de introducir un matiz plebiscitario en la convocatoria de las elecciones del 27-S para que el Gobierno de Mariano Rajoy huya de la tentación de impugnarlas. El Ejecutivo del PP no duda de que el Tribunal Constitucional (TC) podría suspender los comicios si se plantean con una finalidad diferente a los de la composición de un Parlament al uso, de manera que la Abogacía del Estado analizaría el decreto del Jefe del Govern minuciosamente para, si es preciso, elaborar un informe que conduzca a presentar o no un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, según aseguran desde Convergència, en concreto su líder en la Cámara catalana, Jordi Turull, la llamada a las urnas tendrá un carácter “ordinario” aunque la cita sea eminentemente plebiscitaria, un cariz que “se lo dan las fuerzas políticas que concurren”.

El dirigente de CDC censuró cómo desde el Gobierno español “se suspende la autonomía cada viernes con sus decisiones”, mientras que los partidos soberanistas solo persiguen que “los catalanes sean felices y vivan mejor”, siendo la independencia “una herramienta clave para dejar a las próximas generaciones un futuro mejor”. En consonancia con el ofrecimiento del republicano Oriol Junqueras a las formaciones de izquierdas que confluyen en Catalunya Sí que es pot para sumarse al nuevo marco tras el 27-S, Turull también les tendió la mano en tanto que ambas listas persiguen una mayor justicia social. Entre tanto, desde Madrid se es consciente de que el recurso que barajan solo puede establecerse contra actos o disposiciones institucionales, y no como consecuencia de declaraciones de intenciones o manifestaciones políticas. Es decir, nada de lo que se pueda decir en campaña por parte de los afines a la secesión sería impugnable, ya que lo que cuenta es lo que aparece en los boletines oficiales, y no lo que se airee en mítines o medios de comunicación.

Solo si la Junta Electoral Central (JEC) interviene al apreciar un sesgo partidista en ciertas llamadas a la participación, ciertamente improbable, el PP podría presentar recurso al respecto. Pero se intuye complejo que antes de las elecciones se invoque al artículo 155 de la Constitución, el que permite la suspensión de la autonomía, en consonancia con la opinión del presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, o el del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que se decantan por no aplicarlo. Asimismo, se descarta toda posibilidad de recurrir a las previsiones de la ley de Seguridad Ciudadana para detener cualquier eventual consecuencia del 27-S, y menos en su fase previa, porque la normativa no está dirigida para asumir competencias autonómicas a resultas de un choque entre poderes públicos o administraciones.

misivas a ortega y rigau El contexto preelectoral se parece cada vez más al de los prolegómenos del 9-N cuando la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, a quienes se les interpuso querella junto a Mas, sufrieron el hostigamiento de la delegada del Gobierno español, Llanos de Luna, con una remesa de carta donde se les instaba a cumplir las resoluciones del Constitucional. Las misivas también fueron enviadas a alcaldes, presidentes de diputaciones y Consejos Comarcales y de compañías de sectores estratégicos claves en Catalunya, y obran en poder del magistrado del TSJC que investiga a los tres dirigentes por el proceso participativo.

“Esta Delegación del Gobierno le recuerda la importancia que desde su departamento no se adopten acuerdos o se lleven a cabo actuaciones que pudiesen contravenir la decisión del Tribunal, con actuaciones destinadas a la utilización de medios públicos para la realización de actos de ejecución de la consulta”, advertía Llanos de Luna. Ortega le respondió el 7-N, dos días antes, que había defendido siempre los derechos de los catalanes “desde la responsabilidad institucional y con un respeto escrupuloso para la legalidad”. En parecidos términos le replicó Rigau. Llanos de Luna envió otras cartas al presidente de Telefónica, César Alierta; a José Luis Bonet, presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona; al presidente de Unipost; al director regional de Securitas; y a la empresa de espectáculos Focus, entre otros.