madrid - La Audiencia Nacional ha iniciado recientemente una investigación a la cúpula de ETA para aclarar si cometió delitos de lesa humanidad, una calificación de alto valor simbólico porque equipararía a la organización con los crímenes del nazismo y de la antigua Yugoslavia, pero que a efectos prácticos no supondría demasiado porque la mayoría de los jefes señalados ya cumplen elevadas condenas en prisión. Por los delitos de lesa humanidad pueden ser condenados a 20 o 30 años.

Ayer se conoció que la investigación ha dado un primer paso clave, ya que el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha reclamado a las autoridades francesas que le dejen interrogar en el país galo a ocho dirigentes de ETA desde 2004 (el año en que España incorporó a su ordenamiento el delito de lesa humanidad), entre ellos Mikel Antza y Txeroki.

Este es el primer paso que da el magistrado tras admitir a trámite el pasado día 10 una querella contra los dirigentes de ETA por lesa humanidad. El juez ha expedido una comisión rogatoria a Francia para poder desplazarse allí y tomar declaración a Mikel Albisu Antza, Garikoitz Aspiazu Txeroki, Aitzol Iriondo Gurbitz, Jurdan Martitegi, Aitor Elizaran, Soledad Iparaguirre Anboto, Mikel Kabikoitz Karrera Ata, y Gorka Palacios Alday, todos ellos en prisión en el país galo condenados o en espera de juicio.

Según el juez, estos dirigentes serían responsables de las acciones de ETA desde 2004, ya que “no puede excluirse prima facie la responsabilidad de quienes, como integrantes de los órganos directivos de la banda terrorista, constitutiva de una estructura de poder perfectamente organizada, hubieran asumido la dirección global y las responsabilidades decisorias”. La causa ha sido auspiciada por Dignidad y Justicia, la Fundación Luis Portero y Antonio Salvá. Desde 2004, ETA atentó contra el empresario Ignacio Uria, el policía Eduardo Puelles y el socialista Isaías Carrasco, entre otras víctimas. - DNA