Bilbao - “Sabemos que el Estado español no nos va a dar la razón”. De este modo explicó ayer Ane Muguruza, hija del diputado de HB asesinado en 1989 en Madrid Josu Muguruza, la decisión de su familia de agotar todas las vías tras el auto de la Audiencia Nacional que les deniega las indemnizaciones como víctimas del terrorismo. Así, acudirán al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional y, en última instancia, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Una opinión que comparten el resto de víctimas de los GAL, el Batallón Vasco-Español y la extrema derecha afectadas por los fallos de la AN, nueve por el momento. En cambio, el tribunal ha estimado las demandas de los familiares de cuatro víctimas del BVE, mientras quedan una docena de reclamaciones pendientes de resolución. Como ha sucedido hasta ahora, los nuevos recursos se presentarán de forma individual.

Media docena de familiares y víctimas, con Ane Muguruza al frente, protagonizaron ayer una comparecencia en Bilbao, convocada por la Fundación Egiari Zor, para denunciar que la Audiencia Nacional “haga suyos” los argumentos del Ministerio del Interior de que los allegados estaban “vinculados” o “pertenecían al mundo de ETA” para denegarles las ayudas, y que para ello no se precise de una sentencia firme, sino que se base en “meros” informes policiales. “Una vez más, se anulan nuestros derechos como víctimas del terrorismo -censuraron-. Parece que los asesinados por la guerra sucia no merecen reparación, es más, humillan a la víctima acusándola de un delito, ¿o es que quizás se pretenda así justificar su asesinato?”. En un comunicado leído en euskera y en castalleno, agregaron que “los aparatos del Estado quieren un relato monolítico, único y oficial de lo sucedido”. Según ellos, “quieren el monopolio del sufrimiento porque es la única fórmula que respaldaría la tesis que pretenden imponer, la de que aquí la única violencia ejercida ha sido la de ETA”.

En la rueda de prensa también estuvo presente la familia de Jon Lopategi, asesinado por el BVE en 1979; Feli Ziluaga, herida en 1976 al ser tiroteada junto a su hijo de 14 meses por el BVE, y viuda de Tomás Pérez Revilla, asesinado por los GAL en 1984; el hermano de Sabin Etxaide, también muerto a manos de los GAL en 1985; y Lurdes Oñederra, hermana de Ramón Oñederra, asesinado por los GAL en 1983. Concluyeron que “seguiremos luchando por su memoria y dignidad”.

Petición al Eurojust En este contexto, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao pidió ayer que Eurojust, un órgano creado para mejorar la coordinación judicial en la lucha contra la delincuencia organizada en la UE, analice la negativa a indemnizar a estas víctimas, una actuación judicial que calificó de “incomprensible” y “vergonzosa”.