madrid - El Partido Popular volvió ayer a la carga con una propuesta para facilitar que gobierne la lista más votada, un planteamiento pensado en este caso de cara a las elecciones generales, pero que a futuro afectaría también a los comicios autonómicos. En el marco de la Conferencia Política que el partido celebra estos días en Madrid, el diputado José Antonio Bermúdez de Castro propuso cambiar la Ley Electoral para establecer una “prima de gobernabilidad”. En base a este sistema, la lista más votada recibiría un plus de diputados que le acercaría a la gobernabilidad.

A pesar de que los populares presentaron una propuesta de cambio legal poco exhaustiva, Bermúdez de Castro, portavoz adjunto en el Congreso, citó los sistemas electorales de Grecia o Italia como ejemplos de estados en los que el partido más votado recibe un plus de diputados. Pese a que no especificaron los pormenores de la propuesta, preguntado por los periodistas, el diputado popular señaló que en el caso de las elecciones municipales esa prima se concedería a quien logre el 35% de los votos y saque cinco puntos de distancia al segundo.

Ante la perspectiva de que la propuesta reciba un rechazo contundente por parte del resto de grupos, los populares optaron por ponerse la venda antes que la herida y miraron a Grecia. “¿Por qué cuando gana Syriza hace seis meses y le dan 50 escaños de prima por mayoría los dirigentes de izquierda empiezan a decir que había llegado la esperanza del cambio a Europa, y cuando proponemos lo mismo para las elecciones locales nos dicen que queremos dar un golpe de estado institucional?”, se preguntó Bermúdez de Castro.

Este planteamiento se hizo público precisamente en la primera jornada de una Conferencia Política en la que buena parte de los mensajes se centraron en criticar los pactos entre Podemos y el PSOE. De hecho, el cónclave se abrió con un vídeo de Lillian Tintori, mujer del disidente venezolano Leopoldo López, y el presidente Rajoy tomó el testigo con un breve mensaje en el que achacó a PSOE y Podemos haberse “apropiado de muchas alcaldías en España donde ganó el PP”. Esta propuesta de reforma electoral de los populares es la segunda que en los últimos meses plantea primar a la lista más votada. No obstante, en esta ocasión el calendario y la falta de consenso complican mucho más la posibilidad de que finalmente se lleve a efecto.

reforma constitucional En una Conferencia Política en la que se percibió una evidente intención de trasladar un mensaje de cambio, los populares continuaron sin definirse de una manera clara en torno a una eventual reforma consitucional. Después de una semana en la que esta opción ha estado en el centro del debate político, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, se limitó a señalar que una reforma de la Carta Magna exige un “consenso social de base”. La dirigente, no obstante, sí resaltó la necesidad de abordar una nueva financiación autonómica y local que “haga a los españoles mucho más iguales y mucho más solidarios”.

Esta última afirmación la realizó sin mencionar a ninguna comunidad, limitándose a remarcar la voluntad de su partido de construir “un sistema de ingresos más equitativo, que ayude a crecer y a crear empleo”. En todo caso, el modo en el que priorizó esta cuestión contrasta con el escaso entusiamos con el que los populares se posicionaron sobre la posibilidad de modificar la Constitución en una jornada en la que, por otra parte, abordaron temas de lo más diversos. Mietras, el socialista Antonio Hernando insistió ayer en que el PSOE seguirá adelante con la propuesta de reforma constitucional “puesto que la España del 78 ya no existe”. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, también señaló el jueves que su partido se sumará a la reforma constitucional del Estado si con ella “se reconoce el hecho nacional vasco y se es consecuente con ello”.