Atentados terroristas, ataques cibernéticos masivos, catástrofes naturales, huelgas de controladores aéreos, epidemias sanitarias... Todas estas situaciones y otras abiertas a la imaginación del lector podrían dar pie a que el presidente del Gobierno español firmara un decreto con el que poner a la Ertzaintza, así como a los Mossos d’Esquadra, a su disposición. Esto, que ahora es política ficción, podría ser una realidad si el PP consigue aprobar antes de que concluya la legislatura su proyecto de Ley de Seguridad Nacional.

Uno de los aspectos más destacados de este proyecto, que se encuentra ya en fase de enmiendas el Congreso de los Diputados, es que evita acotar las situaciones en las que el Ejecutivo español podría activar lo que denomina “situación de interés para la seguridad nacional”, una especie de estado de crisis intermedio entre la normalidad y los estados de alarma, excepción o sitio que ya prevé la ley de 1981 aprobada después del golpe de estado del 23-F. No es el texto legislativo que ahora se tramita el que establece con claridad cuándo Mariano Rajoy o el presidente de turno del Ejecutivo español puede decretar esta situación. Así que han tenido que ser miembros del Gobierno, como su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, los que han dado algunas pistas del momento en que se podría activar esta “situación de interés para la seguridad nacional”.

Ponen como ejemplo los terremotos con víctimas, que requieren de la utilización de medios de varios ministerios así como autonómicos y locales, o una nueva crisis como la provocada por la huelga de controladores aéreos en diciembre de 2010 que obligó al Gobierno de Zapatero a activar el estado de alarma, el más leve de los tres que establece la ley de 1981.

El Gobierno también ha aludido con la boca pequeña al terrorismo, esencialmente el de carácter yihadista. No en vano, la tramitación de esta ley ha corrido en paralelo al aumento de la alarma mundial por el incremento en los últimos años de los atentados yihadistas.

El Ejecutivo del PP justifica la nueva ley en que, “en el mundo actual, y en el entorno más previsible para el futuro, los actores y circunstancias que ponen en peligro los niveles de seguridad, se encuentran sujetos a constante mutación”, circunstancia de la que deriva, a su juicio, el concepto de seguridad nacional, “un espacio de actuación pública nuevo, enfocado a la armonización de objetivos, recursos y políticas ya existentes en materia de seguridad”.

casi cualquier amenaza La vaguedad continúa cuando el anteproyecto define el concepto de seguridad nacional con tal amplitud que abarca casi cualquier amenaza. La describe como “la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”, así como a contribuir junto a los socios y aliados “a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos asumidos”.

Todo un cúmulo de ambigüedades en el que se precisa poco. Solo se detallan los “ámbitos de especial interés de la seguridad nacional” a los que supuestamente alude esta ley, por ser “básicos para preservar el bienestar de los ciudadanos o el suministro de los servicios y recursos esenciales”. Se sobreentiende, por tanto, que los ataque que pueden activar la reacción del Gobierno son los que afectan -se enumera en la ley- a la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, marítima, del espacio aéreo, la seguridad energética, sanitaria y la preservación del medio ambiente. Ni siquiera acota esta lista y la deja abierta a otros posibles casos que no precisa.

El artículo clave de la ley es el que concreta la “situación de interés para la seguridad nacional”, una declaración provocada por una crisis que, “por la gravedad efectiva o potencial de sus efectos, y la dimensión y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno”. La gestión de esta situación será absolutamente vertical y centralizada en el Ejecutivo español, como se encarga de remarcar la ley. Es el presidente del Gobierno el que declarará este estado, que gestionará el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo compuesto fundamentalmente por ministros y secretarios de Estado, el jefe del Ejército español y el director del CNI.

Con esta declaración de por medio, Madrid podrá movilizar recursos públicos y privados, llegando incluso a la incautación temporal de bienes materiales, como vehículos o inmuebles, para hacer frente a la crisis, una confiscación por la que los propietarios serán indemnizados. “Ante determinadas circunstancias, las administraciones pueden recabar apoyo público y privado. Imagine que se necesitan helicópteros -argumentó Sáenz de Santamaría-. ¿Qué helicópteros tengo? ¿Qué helicópteros tienen las comunidades autónomas y otros Estados? Es posible que también tenga que pedir a los helicópteros privados que colaboren. Lo primero que hay que hacer para atender a una catástrofe es saber qué tienes, dónde lo tienes y quién lo tiene”.

Estatuto de gernika A consecuencia de esta declaración de “situación de interés para la seguridad nacional”, todas las fuerzas de seguridad, incluida la Ertzaintza, podrán ser movilizadas por la Administración del Estado pasando por encima de lo que establece para la Policía vasca el Estatuto de Gernika. Este determina que para la coordinación, y únicamente coordinación, entre la Ertzaintza y las Fuerzas de Seguridad del Estado se prevé la convocatoria de una Junta de Seguridad paritaria entre las administraciones vasca y española.

El Estatuto de Gernika también determina un único caso en el que los ertzainas pueden quedar a las órdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, y es cuando se produce una declaración de estado de alarma, excepción o sitio que regula la ley de 1981. Nada dice el Estatuto vasco del nuevo supuesto de “seguridad nacional” que ahora introduce el PP.

Este es uno de los motivos que ha llevado al Grupo del PNV en el Congreso a registrar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley, que se suma a las que también han presentado la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU y ERC, que consideran la norma “ambigua” y con la que el PP pretende llevar a cabo una “recentralización de competencias” en el ámbito de la seguridad.

Los jeltzales consideran que la ausencia de “definición clara” de los supuestos de crisis “puede llevar a una perturbación del esquema constitucional de distribución de competencias, invadiendo la autonomía de otras instituciones bajo una hipotética o difusa amenaza que parezca tener carácter permanente”.