Hace ya tiempo que los comunicados de ETA no despiertan ningún interés. Ni por el contenido ni por la oportunidad ni por las consecuencias. Desde el que anunció el 20 de octubre de 2011 el cese de su actividad armada, la sucesiva publicación de sus comunicados en los medios habituales ha sido recibida por la ciudadanía vasca con indiferencia, muy lejos de aquellos mensajes que en otros tiempos los medios publicaban en portada y los servicios policiales rastreaban para incriminar procedencias.

El hasta ahora último comunicado, curiosamente, no se trata de un discurso de oficio sino que parece responder a un hecho concreto, la incautación de armas almacenadas por la organización en una villa de Biarritz. Una operación -como casi todas las emprendidas contra ETA en el Estado francés- conjunta entre la Gendarmería y la Guardia Civil, lo que apoya el argumento de acusación en el comunicado: los Estados español y francés quieren obstaculizar la resolución del conflicto.

ETA insiste en trasladar a la opinión pública vasca que sigue avanzando en su desarme unilateral, dada la absoluta falta de implicación de España y Francia. Quiere dar a conocer que su voluntad clara es ir sellando e inutilizando sus depósitos de armas, mientras que la de los gobiernos español y francés, “enemigos de la paz”, es impedir ese desarme unilateral para prolongar el conflicto.

En ese empeño por obstaculizar el desarme, ETA incluye la afrenta a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) con la que supuestamente la organización armada habría acordado el dejar fuera de uso operativo las armas. Y aquí es donde habría que precisar algunos aspectos poco claros del comunicado.

Hay que retroceder a aquella pintoresca y exigua entrega de armas de febrero de 2014, que para la CIV supuso una gran decepción y una inaceptable comparecencia judicial ante la Audiencia Nacional de los verificadores internacionales. Los efectos de aquella decepcionante parodia de desarme fueron demoledores y abrieron un espacio de desconfianza entre los miembros del CIV, que comprobaron la enorme dificultad de su tarea. Una desconfianza basada en la duda sobre voluntad real de ETA, en el acoso incomprensible de las autoridades policiales y judiciales de ambos Estados y en la constatación de que los servicios secretos franceses con la ayuda de policías españoles tenían ya monitorizados los depósitos de armas de la organización vasca, lo que suponía un riesgo evidente para cualquiera que se acercase a esos arsenales.

Ante esta complicada situación, ETA comunicó al CIV la decisión de proceder por su cuenta al sellado e inutilización de las armas. No fue un acuerdo, sino nada más que una comunicación que puede llegar a destino o no llegar pero que en ningún caso puede verificarse. ETA no puede tomar otro camino sin riesgos, y el CIV tampoco puede aportar más que creerse o no lo que la organización armada afirma.

La Conferencia por la Paz en el País Vasco celebrada en París el pasado día 11 vuelve a reclamar a los Estados español y francés el cumplimiento de su parte de responsabilidad en la prolongación del conflicto que, por supuesto, va mucho más allá de propiciar el desarme de ETA y tiene mucho que ver con el cumplimiento de los derechos humanos en relación a los presos y a las víctimas, Pero mucho tendrían que cambiar las cosas para que se den en ambos gobiernos señales de cooperación, lo que provoca la paralización del proceso posterior al fin de la violencia.

Este es el escenario real al que ETA debe acomodarse, dejando de soñar en sentar al Estado a una mesa de negociación que debería comenzar con el desarme. No es fácil calcular el volumen del potencial armado de ETA, pero a medida que pasa el tiempo no cabe duda de que irá disminuyendo y deteriorándose. Tanto el Gobierno Vasco como Sortu han presentado propuesta y hoja de ruta para el desarme definitivo, que deberían ser correspondidas con realismo y no ser, como hasta ahora, desoídas.

Todo parece estar claro, y no es fácil eludir la sensación de derrota. La única explicación que cabría para conservar las armas y seguir sin disolverse, podría ser mantenerse como referencia y autoridad para evitar cualquier tentación de algunos para echarse al monte. Que todo podría ser.

Casi cuatro años después, ETA sigue donde estaba. Inactiva e inerte, pero donde estaba. Y se agita el espantajo de “todo es ETA” como una sombra oscura, como una amenaza fantasmal que aunque para la mayoría de la sociedad apenas inquieta, algunos partidos políticos aprovechan para justificar su no participación en pactos, o incluso para agitar la alarma porque otros han pactado, como se ha podido comprobar en numerosos discursos y justificaciones postelectorales.