madrid - El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas que la Audiencia Nacional impuso a veinte militantes de la izquierda abertzales por financiar a ETA a través de las herriko tabernas, entre ellos los dirigentes de Batasuna Joseba Permach y Rufino Etxeberría, aunque ha rebajado ligeramente las penas. La rebaja de las penas se produce al aplicar el Supremo las dilaciones indebidas a todos los encausados y no solo a quince de ellos, como hizo la Audiencia. De este modo, las condenas impuestas pasan a estar comprendidas entre 1 año y 3 meses de prisión desde 1 año y 10 meses, mientras se mantienen los delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista.

Los condenados a quienes se les rebaja la pena son Rufi Etxeberria, Joseba Permarch, Joseba Álvarez, Karmelo Landa y Juan Kruz Aldarsolo. A ellos había impuesto la Audiencia penas de 3 años, que se convierten en condenas de 1 año y 10 meses de prisión porque se les aplica la misma atenuante de dilaciones indebidas que se consideró adecuada para el resto de los implicados. La sentencia de la Audiencia Nacional se falló doce años después de las primeras detenciones producidas en este caso, acordadas por el exjuez Baltasar Garzón.

El Supremo señala que “una organización terrorista, para la consecución de sus fines, no solo utiliza la violencia encomendada a grupos concretos sino también otros medios puestos en marcha a través de asociaciones [herrikos] que, aunque parezcan legítimas en su acción política, obedecen a la dirección de la banda”.

Un total de 111 herriko tabernas serán clausuradas y subastadas en beneficio del Estado en aplicación de la mencionada sentencia. Fuentes del Ministerio de Justicia informaron de que este es el procedimiento a seguir tras la decisión adoptada por el alto tribunal, que deberá ejecutar la Audiencia Nacional al ser el tribunal sentenciador. La secretaria general de Aralar, Rebeka Ubera, consideró que el hecho de que “103 sociedades ciudadanas sean confiscadas y pasen a ser propiedad del Estado español no tiene ni pies ni cabeza” y supone “un claro robo de patrimonio”. Igualmente, el portavoz de Sortu Pernando Barrena estimó que la sentencia que confirma la “incautación” pretende “perjudicar las expectativas” de la izquierda abertzale y “evitar a toda costa” que sea una “alternativa real de poder en este país”. - Efe/E.P.