bilbao - Sare, red ciudadana en favor de los derechos de los presos, emprenderá el próximo otoño una campaña internacional con la que pretende llevar a Europa la denuncia de la política de dispersión que aplica el Gobierno español. Esta nueva fase de su labor fue dada a conocer por sus portavoces, la periodista Teresa Toda y el exconsejero de Justicia, Joseba Azkarraga, en una comparecencia pública en la que estuvieron arropados, entre otros, por el lehendakari ohia Juan José Ibarretxe; el excoordinador de Aralar, Patxi Zabaleta; la expresidenta de EA, Begoña Errazti; el exlíder de EB, Javier Madrazo; Rosa Rodero, esposa del sargento mayor de la Er-tzaintza Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA, o Jone Artola, hermana del preso de ETA Joseba Artola.

Un apoyo que desde Sare quisieron valorar puesto que refleja, a su entender, una diversidad ideológica y que el objetivo que se han impuesto no radica en posiciones partidistas ni ideologías excluyentes, sino que se trata de defender los derechos humanos y cerrar una etapa de sufrimiento.

Al cumplirse un año del nacimiento de Sare -el 15 de junio de 2014-, los portavoces de la red afirmaron que hay que poner fin a la política de dispersión, que dura ya 26 años, y que, según señalaron , “afecta a presas y presos, pero, fundamentalmente, a sus núcleos familiares que sufre la política penitenciaria vengativa de los gobiernos español y francés”. Por ello, tras el verano iniciarán una campaña para “internacionalizar” esta problemática con el fin de dar a conocer en instancias e instituciones europeas lo que tachan de “preocupante simbiosis entre política y justicia españolas”, que recordaron que ya ha sido reconvenida en más de una ocasión por parte las autoridades judiciales europeas.

En este sentido, se refirieron a la preocupación expresada por la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, sobre la negativa de justicia española de admitir el cómputo de las penas cumplidas en otros estados de la Unión Europa. A su juicio, pese a estas reconvenciones el Gobierno de Mariano Rajoy mantiene su política contraria la legislación europea que está obligado a cumplir. “Sabe que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le volverá a reconvenir dentro de unos años, pero afronta el coste porque mientras tanto prolonga su venganza, sumando dificultades y frenando la consolidación de un nuevo escenario en Euskal Herria que propicie una nueva convivencia con reparación de todos los sufrimientos”, señalaron.

Operaciones policiales Sin embargo, y pese a la postura que mantienen los gobiernos español y francés, los portavoces de la red en favor de los derechos de los presos, aseguraron que el año transcurrido desde su nacimiento “y con logros y carencias” se puede catalogar como positivo, aunque, de la misma manera, reconocieron que los objetivos marcados requieren de mucho trabajo y esfuerzo para lo que es necesario la participación de miles de ciudadanos.

Para Sare, este año también se han encontrado con piedras en el camino, especialmente las decisiones adoptadas por los jueces de la Audiencia Nacional y las operaciones policiales que han tenido como objetivo los abogados de los presos. Unas intervenciones judiciales y policiales que Sare condenó “de forma tajante, sin paliativos ni paños calientes” puesto que a su entender se pretende criminalizar la solidaridad. Ante ello, Azkarraga afirmó que “la solidaridad no es delito. Sí lo es, en cambio, el uso abusivo de la legislación y la vulneración de los derechos humanos”.

Cuestionado sobre si iban a pedir la disolución de ETA, Azkarraga afirmó que la red no nació para pedir nada a la banda y que “en todo acaso ETA dará los pasos que tenga que dar”. El exconsejero de Justicia aseguró, además, que “este es el primer país del mundo en el que la organización que ha ejercido una violencia de estas características plantea su desaparición, hace un ofrecimiento al Gobierno de avanzar en un proceso pautado de entrega de sus armas, y el Gobierno español no quiere saber nada de ello”.