MADRID. Según se ha informado en un comunicado, Salvador Victoria igualmente ha presentado su dimisión en los cargos del PP de Madrid que ostenta tras conocerse su imputación en la segunda fase de la 'Operación Púnica'.
La investigación dirigida por el juez Eloy Velasco investiga a Victoria por tres supuestos pagos en negro que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra.
La actuación presuntamente delictiva que se atribuye a Victoria, que declarará como imputado el 26 de junio, está relacionada con la labor del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que reclamó presuntamente a la empresa, adjudicataria de numerosos contratos de la Administración regional, pagos en negro por un total de 120.000 euros que tendrían a De Pedro como destinatario.
DEFIENDE SU INOCENCIA
El hasta ahora consejero de Presidencia ha reiterado su honestidad política en todos los aspectos de su gestión como cargo público de la Comunidad de Madrid, negando cualquier hecho del que se le acusa y de los que ya ha dado las oportunas explicaciones en distintas comparecencias públicas y ruedas de prensa desde el pasado mes de febrero.
Victoria ha reiterado la falsedad de todos estos hechos que le han causado "un inmenso daño personal y familiar", según recalca el comunicado remitido.
Al margen de estas circunstancias, Salvador Victoria ya anunció el pasado 9 de abril su intención de abandonar de manera temporal la política por motivos estrictamente familiares y personales, tras más de doce años vinculado al gobierno de la Comunidad de Madrid a través de diferentes puestos de responsabilidad.
La dimisión se produce días después de que se conociera que el juez Eloy Velasco ha imputado a Salvador Victoria, quien acudirá a declarar a la Audiencia Nacional el próximo 26 de junio.
El juez Velasco investiga las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y otras administraciones.
