MADRID - El titular de Justicia, Rafael Catalá, sugirió ayer la posibilidad de “sancionar” a los medios de comunicación que informen, mediante filtraciones, sobre casos que están bajo investigación judicial. El ministro abogó por abrir el debate sobre si deben fijarse límites a la información, en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona y a preguntas sobre los juicios paralelos a personajes públicos imputados.
Catalá hizo esta propuesta solo unas semanas después de que estallara el escándalo al salir a la luz la investigación del Sepblac al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y la denuncia por fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales tras haberse acogido a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP en 2012. Y días después de que se supiera que también el exministro Rodrigo Rato y el diputado popular Vicente Martínez-Pujalte también estaban siendo investigados por realizar trabajos de asesoramiento para empresas privadas siendo diputados sin tener constancia Hacienda de la realización de esos servicios.
El ministro sostuvo que se debe “sancionar con firmeza” a los miembros de instituciones (Fiscalía, Hacienda, jueces) que filtren a la prensa información sobre casos que están siendo investigados y bajo secreto de sumario. La ley, en realidad, ya castiga esas conductas mediante el delito de revelación de secretos, que se puede atribuir a los funcionarios.
La novedad del planteamiento de Catalá es que propone extender esas sanciones a los medios de comunicación. “Un buen debate sería trasladar la sanción al medio e imponer la obligación de la no publicación de la información”, dijo el ministro. “No estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de inocencia”, argumentó.
El ministro se mostró favorable a “someter a debate dónde poner los controles” en los casos de filtraciones de investigaciones judiciales o bajo secreto de sumario, “si en el que transmite la información o en el que la publica”. Más tarde, a preguntas de los periodistas, Catalá matizó de que no está en la agenda política del Gobierno ni en ninguna de las reformas legislativas en marcha. Así subrayó que el Gobierno no tiene “ningún proyecto” para sancionar a los medios y que en ningún caso es un planteamiento que, ahora mismo, tenga sobre la mesa. El ministro puntualizó que se trata solamente de una “reflexión” que debería ser objeto de “análisis” por parte de la sociedad y de los poderes públicos.
En alusión al caso Rato, Catalá también abogó por proteger la “confidencialidad” de las causas judiciales y la presunción de inocencia de los investigados. El ministro lamentó que, en muchas ocasiones, la “presunción de culpabilidad” sustituye a la presunción de inocencia, de manera que el hecho de estar imputado se convierte en condena anticipada. Para el ministro, en este “caso relevante” se ha puesto de manifiesto “una anticipación de la censura social sin que haya ninguna resolución judicial que así lo acredite”. Por ello, resaltó que “parece razonable” que entre todos los que puedan aportar algo a esta reflexión -medios, Justicia, Fiscalía y el propio Gobierno- “no estaría mal” que pensaran “si están haciendo las cosas bien”. También consideró positivo que se abra una discusión para determinar si un político, por el mero hecho de estar imputado, debe abandonar su carrera. “Me consta que las personas que son sujetos pasivos de estas investigaciones sufren un daño en el ámbito reputacional muy importante”, ha dicho Catalá, quien ha sugerido la conveniencia de estudiar cuántos de estos procesos finalizan con condenas firmes.
La secretaria de Ciencia y Participación del PSOE, María González, sostuvo que el Gobierno “ataca” los derechos de la ciudadanía con propuestas “inasumibles” como las de sancionar a los medios por publicar filtraciones y criticó que esto se plantee “cuando más problemas tiene el PP” por corrupción. “No es casualidad que la declaración de Catalá se produzca “cuanto más se conoce” sobre la trama Gürtel o sobre el presunto blanqueo de Rato. De ahí que pidiera al ministro que rectifique porque es “inasumible” que el Gobierno exponga dicha cuestión y más tras haber aprobado la ley mordaza. - DNA
Federación de la Prensa. La presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González, mostró un “aboluto rechazo” contra la propuesta de Justicia. “No es la primera vez que se pone este asunto sobre la mesa y desde el punto de vista periodístico merece un rechazo absoluto. ¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?”.
La presidenta de la FAPE ensalzó el periodismo de investigación, cuestionando “cuántos casos se hubieran hurtado al ciudadano” si no hubieran sido hechos públicos por los medios de comunicación. “Que se persiga a filtradores, funcionarios, jueces... pero al que lleva las misivas y al mediador, no tiene sentido”, argumentó.
