donostia - Con un estado de impasse que ha rebajado notablemente la euforia generada hace tres años y medio con la conferencia de Aiete y el abandono de las armas de ETA, EH Bildu busca abrir una nueva fase en el proceso de pacificación de Euskadi. Y ayer esgrimió su ideario en Donostia dando a conocer su Vía Vasca para la normalización en la que, en 11 páginas y cuatro ejes básicos, plantea deshacer el nudo gordiano que acogota a la paz. Con propuestas más o menos novedosas, la coalición sí que planteó dar salida a algunos ámbitos de relevancia. Entre ellos destacan la constitución de una Comisión Independiente de Desarme que, con la participación de facilitadores internacionales, se pueda ejecutar bajo el auspicio constructivo del Gobierno Vasco y el de Nafarroa, los partidos políticos y los agentes sociales.
La hoja de ruta de EH Bildu pasaría por que las instituciones también remen a favor del desarme de ETA con la destrucción de sus arsenales, una promesa que se viene eternizando en el tiempo sin visos de solución, aunque tampoco da plazos. Y traza una secuencia de acontecimientos que, cumplidos con éxito, permitiría sortear la negativa del Gobierno español para que la organización armada cierre definitivamente su ciclo con mayores garantías. No en vano, el Ejecutivo de Rajoy, espoleado por su ala más derechista y algunos colectivos de víctimas, no ha dado paso alguno para echar tierra sobre unos zulos que, en todo caso, estarían al cargo de la Guardia Civil y la Policía española. Madrid no negocia, por lo que ETA temía que, si daba la lista de zulos a las fuerzas de seguridad estatales, sus miembros fueran detenidos o se utilizaran las armas para esclarecer atentados y encarcelarlos. También estaba en riesgo el Comité Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego liderado por Ram Mannikalingam, que se vio abocado a desfilar por la Audiencia Nacional tras sellar una mínima parte de las armas. “En primer lugar, culminar a la mayor brevedad posible el sellado y verificado de los arsenales”, apunta el informe que la coalición presentó a bombo y platillo, para posteriormente pasar a “buscar el apoyo de personas expertas que hayan participado en dinámicas similares a nivel mundial” creando “una Comisión Independiente de Desarme junto con la participación de organizaciones facilitadoras internacionales”.
Con el Comité de Verificación Internacional sin margen de maniobra, la coalición apunta a la necesidad de conformar un nuevo organismo para desactivar las armas de ETA. Pero con un pie allende de las fronteras de Euskadi, también trae el desarme a Euskadi. Y es que “en esa tarea es de suma importancia dar a dicha iniciativa la máxima cobertura y legitimidad política, institucional y social”. Para ello, consideran “fundamental” que los gobiernos de la CAPV y la Comunidad Foral de Navarra, de la mano de los partidos y los agentes sociales de toda Euskal Herria, tomen un papel activo “en sus niveles correspondientes”. La comisión “diseñaría y llevaría hasta el final en un tiempo prudencial un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con la destrucción de los arsenales” de la organización armada, puntualiza una propuesta que reserva al Ejecutivo de Lakua, que en diciembre pasado presentó a través del lehendakari Iñigo Urkullu una propuesta en términos parecidos, un papel esencial.
La oferta del Ejecutivo de Gasteiz pasaba por abrir una vía “de garantías jurídicas para todos” con una representación del Foro Social, la Comisión Internacional de Verificación de Manikkalingam (CIV) y el Gobierno Vasco. El guante lanzado por Urkullu fue despreciado por EH Bildu. La propuesta del lehendakari, de hecho, no fue vista con buenos ojos por parte de EH Bildu, hasta el punto de que fue calificada como “inoportuna” por “atacar al agente que ha puesto en marcha el proceso de desarme e intentar invalidar el trabajo de la Comisión Internacional de Verificación, así como meter presión al que está dando pasos”. La coalición parece ahora reclamar que Lakua se meta de lleno en la tutela del proceso para que ETA deje sin uso sus armas. No precisa, sin embargo, qué papel le reserva en concreto: si recibir las armas, o más bien simplemente legitimar con su apoyo el proceso.
La propuesta también aborda la política penitenciaria. Con medio millar de personas en las cárceles, y pese a algún gesto como el efectuado por el EPPK, la política penitenciaria sigue sumida en un parón que EH Bildu desea desactivar. Con un estado de excepcionalidad legislativa que, a pesar de los tirones de orejas de las instituciones europeas, el Gobierno de Madrid no rebaja un ápice, la hoja de ruta propone “fomentar acuerdos para favorecer la reintegración” de los reclusos “por cauces legales y con una aplicación individualizada”. Si bien también les pone deberes. Entre ellos, dar cauce a “un plan de excarcelación condicional anticipada” que “requerirá” que los presos, que deberían de ser trasladados “cuanto antes” a Iruñea y Zaballa dejando de lado “la aplicación de las medidas excepcionales”, deban “mostrar su compromiso con el nuevo escenario abierto en Euskal Herria y renunciar a las vías violentas y, así mismo, deberá de haber por su parte un reconocimiento del daño causado como consecuencia de su actuación”. Como ya es habitual, no se habla de amnistía.
autocrítica A la asunción del daño causado se refirió el presidente de Sortu, Hasier Arraiz. “No hemos estado siempre, ni mucho menos, a la altura de quienes más han sufrido”, remarcó. “Es de justicia decir que como sociedad en un pasado no tan remoto, y por supuesto, a cada cual con diferente responsabilidad, nos faltó la sensibilidad ante el dolor” de quienes sufrieron los efectos de la violencia; por lo que emplazó al “reconocimiento, respeto y la reparación” de todas las víctimas, “hacia todas sin equiparaciones y sin exclusiones”.
La estrategia de EH Bildu, por último, apunta a la necesidad de “consensuar un plan para el repliegue escalonado” de las Fuerzas de Seguridad del Estado, dando fin a las “actuaciones policiales de carácter político”. Bildu plantea pasos en cuatro bloques, en el ámbito de las víctimas -reconocer a todas y crear una comisión de la verdad-, los presos y huidos, desarme y desmilitarización.
Víctimas y memoria. Plantea que “todas las víctimas reciban reconocimiento, reparación y garantía de no repetición”.
Política penal y penitenciaria y regreso de personas huidas. Plantea la reinserción por cauces legales y con una aplicación individualizada. Postula un plan de excarcelación condicional anticipada reconociendo el daño.
Desarme. Plantea una comisión independiente de desarme y darle “legitimidad política, institucional y social”. En ese punto pide la “participación constructiva, en sus niveles correspondientes, de los gobiernos de la CAPV y la CFN”.
Desmilitarización. “Retirada de las Fuerzas de Seguridad del Estado” si el objetivo es “que las armas desaparezcan definitivamente de la ecuación del conflicto vasco”.
