MADRID - El PP defendió ayer la actividad privada del diputado Vicente Martínez-Pujalte, quien ha cumplido con los “duros” requisitos que le marca la Cámara Baja, al tiempo que apostó por ampliar el régimen de compatibilidades de los parlamentarios, tras conocerse que el ahora embajador de España en Londres, Federico Trillo, y el propio Martínez-Pujalte cobraron de una constructora especializada en obra pública mientras eran diputados aunque ambos señalaron que, aunque fuera o no ético, cumplieron con todos los requisitos legales y sus obligaciones fiscales. Según la Agencia Tributaria, que no ha encontrado ningún informe que justifique los cobros, Trillo recibió 354.560 euros en casi tres años y Pujalte, 75.000 en poco más de uno, a través de sus despachos de asesoría. La empresa pagadora, según desveló el diario El País, es Grupo Collosa, dedicada a la obra civil y una de las beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León.
Trillo envió un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico LABOR, con la citada empresa y afirmando que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia. Por su parte, Martínez-Pujalte clarificó que el Congreso autorizó su asesoría para la empresa constructora, que no cometió ninguna irregularidad, que cumplió con todas sus obligaciones fiscales y que siempre ha practicado el pluriempleo.
“Pujalte ha dado suficientes explicaciones. Somos uno de los parlamentos con controles más estrictos en el régimen de transparencia e incompatibilidades”, señaló el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que alabó el ejercicio de transparencia realizado por su compañero de filas, muy superior al realizado por otros políticos en situaciones similares. Igualmente, se mostró partidario de flexibilizar el régimen de incompatibilidades de los diputados para no “castigar” a los que quieren ejercer una actividad privada, siempre que no se incurra en posible tráfico de influencias o prevaricación. “Creo que es compatible ser diputado con actividades privadas”, zanjó.
Sin embargo, desde el PSOE se abogó por endurecer el régimen de incompatibilidad de los diputados y senadores para evitar el comportamiento “indigno” de dirigentes del PP que “confunden lo público y lo privado”. Una de sus dirigentes, María González, apostó por la dedicación exclusiva de los parlamentarios, como ya obliga su partido, describiendo que el caso del actual diputado popular y del exministro constatan que “altos dirigentes del PP están en otros intereses y no en defender los intereses de los ciudadanos y en gobernar para todos”. “Los políticos tenemos que ser honestos y parecerlos y no confundir lo público con lo privado, y la mezcla de intereses que estamos viendo con Trillo, Pujalte, Rato, Bárcenas, Matas... La lista es infinita y es una vergüenza para nuestra democracia”, denunció la secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE.
En este sentido, el candidato de IU a la Presidencia del Gobierno español, Alberto Garzón, subrayó que cada día que pasa se confirma que en el PP no hay “manzanas podridas” sino una estructura “corrupta y corrompida”, y puntualizó que el Congreso debe tener una ley de incompatibilidades “mucho más estricta” ya que todo esto certifica que la corrupción tiene dos partes: “El que recibe el sobre y el que da el sobre”. Por otra parte, el portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macías, ve “aceptable” el actual régimen de incompatibilidades y “homologable a la de cualquier país europeo”, reprochando que haya “hipócritas” que “se rasgan las vestiduras” aún en los casos en los que las actuaciones de los cargos públicos se ajustan a la ley.
