madrid - “La regularización no borra delitos”, proclamó ayer Mariano Rajoy para defender la amnistía fiscal y la opacidad de la lista de quienes se acogieron a ella en 2012, en respuesta al socialista Pedro Sánchez, que le reclamó nombres y apellidos acusándole de propiciar una “pérdida de la calidad democrática” en las instituciones puesto que, a su entender, el Gobierno del PP las utiliza en beneficio “de los suyos”. El presidente español comparó el proceso que se puso en marcha ese año con los que en 1984 y 1991 tramitaron los gobiernos del PSOE y que, según evocó, no significaron que fuera perseguido ninguno de los defraudadores, avalando que la Justicia y la Agencia Tributaria trabajan ahora con total independencia.
En una sesión de control en el Congreso centrada gran parte en las interpelaciones a Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro sobre el caso Rato, el ministro de Hacienda, en conversación informal con la prensa, señaló que en la lista de 715 presuntos defraudadores no aparecerá ningún caso de tanta relevancia como el que representa el exvicepresidente del Gabinete Aznar. En este contexto, el líder del PP destacó los logros de su Ejecutivo y de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude al haber aflorado 124.000 millones de euros en esta legislatura y recaudado 34.875 millones entre 2012 y 2014, a los que se suman 2.889 millones del primer trimestre de 2015. “Los mejores datos de la historia”, se jactó Rajoy, mientras Sánchez le demandaba que comparezca en la Cámara baja, “rinda cuentas” y explique su “vinculación directa con la trama de financiación irregular del PP”, reprochando “a los miembros y miembras del PP” haber perdido la “ocasión de oro” de permitir la comisión de investigación parlamentaria, un desliz semántico que vendió como “una broma” y que provocó las burlas de los populares como cuando Bibiana Aído utilizó el mismo término. “Un poquito de humor, por favor”, pidió Sánchez, que en los pasillos mantuvo que no se había equivocado, sino que lo había dicho adrede.
Asimismo, Antonio Hernando mostró dos fotografías: una de Rajoy abrazándose a Rato y otra del momento de la detención de éste último, interesándose por la valoración de la vicepresidenta sobre ambas instantáneas, gesto que Sáenz de Santamaría -para quien su Gobierno “ha hecho una amnistía fiscal aplicando la ley” y haciéndola de forma “muy diferente” a las “opacas” y “sin control” puestas en marcha por los ejecutivos socialistas- le censuró recordándole los casos de corrupción que arrastra el portavoz del PSOE en sus filas, en alusión a los tres imputados por la trama de los ERE y que aún se sientan en el Congreso, Manuel Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. “Ustedes quieren que se publique la lista y yo quiero que se investigue”, zanjó. El uso de la número dos de Rajoy del término “amnistía fiscal”, algo que hasta ahora definía el Ejecutivo del PP con el eufemismo de “regularización fiscal extraordinaria”, llevó a los periodistas a preguntar por ello a Montoro, quien explicó que “amnistía significa perdonar” y “no se ha perdonado a nadie”, comparando esta etapa con la precedente, en la que “se perdonaba todo”. A ello se refirió también el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien no cree que dichas palabras fueran un desliz, sino que Sáenz de Santamaría acomodó su expresión al lenguaje de la calle.
que “dimita” montoro La lluvia de preguntas a Montoro se transformó rápidamente en una catarata de peticiones de dimisión contra el ministro de Hacienda, quien insistió en que sus antecesores en el cargo, Pedro Solbes y Elena Salgado, no se fajaron como él en la lucha contra el fraude. Sus argumentos no convencieron en absoluto a la oposición. Para el diputado de IU, Alberto Garzón, es inaceptable que quien ha “señalado” a políticos, periodistas o deportistas, ahora se niegue a dar información sobre personas que “se decían patriotas y son los peores delincuentes”, en evidente referencia a Rato. “Con el PP el caso de Alí Babá y los 40 ladrones se queda corto”, añadió Garzón. El socialista Pedro Saura apuntó que el PP ha utilizado Hacienda a su favor, como lo demuestra el hecho de que fue Montoro quien colocó al frente de la Agencia Tributaria a quien fue jefa de gabinete de Rodrigo Rato.