BILBAO - Etxerat, el colectivo de familiares y allegados de presos de ETA, anunció ayer que las 127 personas llamadas a declarar como testigos por la Guardia Civil dentro de la investigación de un supuesto delito de blanqueo de capitales no responderán a esta citación al ser una iniciativa de las Fuerzas de Seguridad del Estado y no estar respaldada por una orden judicial. La Guardia Civil había citado a 127 familiares de presos de ETA, 109 debían acudir a declarar al cuartel de Intxaurrondo en Donostia y 18 al acuartelamiento de La Salve en Bilbao, dentro de una investigación sobre un “presunto delito de blanqueo de capitales”, en relación con la denominada operación Mate llevada a cabo el pasado mes de enero contra una docena de abogados de presos.

Las citaciones, que en algunos casos se habían realizado por medio de una llamada telefónica “en nombre de la Guardia Civil”, indicaban que las declaraciones comenzarían ayer y se prolongarían hasta el próximo día 29 de este mes. Según ha podido saber este diario las llamadas telefónicas por parte de la Guardia Civil comenzaron a producirse la pasada semana y, según denunció ayer el colectivo de familiares de presos, algunas de las citaciones se entregaron en los domicilios de los afectados a “altas horas de la noche”

En una rueda de prensa ofrecida ayer en Donostia, Urtzi Errazkin y Maider Alustiza, portavoces de Etxerat, aseguraron que las personas citadas por la Guardia Civil “no acudirán” a declarar al no estar obligados a ello por no haber una orden judicial que respalde estos requerimientos. Además, Errazkin denunció las presiones a las que se le está sometiendo, lo que está generando una situación de “nerviosismo y miedo” en el colectivo de familiares de presos de ETA, pese a lo cual aseguró que “seguiremos unidos y con la misma dignidad con la que hemos estado hasta ahora”.

En la comparecencia, los portavoces de Etxerat insistieron en el hecho de que en las citaciones no se menciona por qué causas son llamados a declarar los familiares de los presos y simplemente se dice que es por una causa de blanqueo de capitales. Por ello, aseguró que sus abogados les han comunicado que no están obligados a responder a esta citación y presentarse ante la Guardia Civil, ya que no existe una orden judicial, por lo que no acudirán. El portavoz de Etxerat sí señaló que han enviado un escrito en nombre de cada uno de los citados a ambos acuartelamientos comunicando que no asistirán.

Campaña de persecución El portavoz del colectivo de familiares de presos afirmó, sin embargo, que si son citados de nuevo a declarar, pero esta vez bajo el paragüas de la cobertura legal de una citación judicial, estarían dispuestos a acudir, aunque esperan que no se llegue a dar esta situación.

Errazkin denunció, además, la “campaña de persecución desatada en torno al derecho de la defensa jurídica, que coloca ahora a los propios familiares como piezas de esta maniobra”. Finalmente, reclamó que finalice el “acoso” a los familiares y allegados de presos y emplazó a toda la sociedad vasca, así como a todos los representantes políticos y sindicales a que muestren su apoyo a este colectivo.

‘Operación Mate’ A juicio de Etxerat, estas citaciones están relacionadas con la operación Mate llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado mes de enero, en la que fueron detenidos y puestos en libertad una docena de abogados de presos de ETA.

Entonces, la Guardia Civil arrestó a los letrados Alfonso Zenon, Amaia Izko, Arantza Aparicio, Ainhoa Baglietto, Onintza Ostolaza, Jaione Karrera, Atxarte Salvador, Haizea Zilueaga, Eukene Jauregi, Kepa Mancisidor, Aiert Larrarte y Ane Ituiño. La Guardia Civil les acusó de no declarar 1,3 millones de euros y les imputó los delitos de integración en organización terrorista, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, contra el derecho de los trabajadores y enaltecimiento y financiación del terrorismo.

Los abogados fueron puestos en libertad tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que, sin embargo, les impuso medidas cautelares como la prohibición de realizar visitas a sus clientes o el bloqueo de sus cuentas, unas medidas que según los letrados solo pretendían imposibilitar su labor profesional.

En una comparencia ante la prensa, los abogados recordaron que en junio del pasado año 2014 enviaron un escrito dirigido al presidente de la Audiencia Nacional el que le trasladaban su disposición a declarar, aportar documentos o someterse voluntariamente a cualquier registro o diligencia en relación a esta investigación.

Además, los abogados señalaron que las diligencias para corroborar los delitos que se les imputaban, como el fraude a la Hacienda Pública, comenzaron después de su detención, con la personación de la Guardia Civil en la Hacienda guipuzcoana. Por ello, los letrados afirmaron que su detención se trató de una operación “política y mediática”, sin fundamento jurídico.

Lo cierto es que esa operación mate tuvo como primera consecuencia el que se aplazara el juicio que debía empezar en la Audiencia Nacional contra los integrantes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna puesto que algunos de los letrados detenidos, como era el caso de Amaia Izko, ejercía de abogada defensora de varios de los encausados. Posteriormente la renuncia de varios letrados hizo que la Audiencia Nacional aplazara sin fecha el juicio contra los dirigentes de la izquierda abertzale.

La operación Mate concitó el rechazo del Parlamento Vasco y los abogados recibieron, entre otros, el apoyo del Consejo General de la Abogacía Española, que presentó una queja ante la Audiencia Nacional por su detención, o el Colegio de Abogados de Bizkaia. Otra de las consecuencias colaterales fue la denuncia contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, quien declaró que ha llegado ya el momento de que la sociedad vasca de “jaque mate” a la Guardia Civil.