madrid - El ex presidente de la Junta de Andalucía y senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó ayer al término de su declaración en el Tribunal Supremo (TS) por los ERE irregulares en Andalucía que no hubo “un gran plan para defraudar pero sí hubo un gran fraude” y eso significa que “alguno de los controles pudo fallar”. Tras cuatro horas de declaración ante el magistrado del TS Alberto Jorge Barreiro, Griñan destacó su “rechazo” por todos los hechos irregulares que se han producido en torno a este asunto, aunque rechazó que tuviera cualquier tipo de responsabilidad en ellos. De hecho, Griñán negó haber conocido, porque no le fueron remitidos, los informes de Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían de irregularidades en los ERE fraudulentos y se desvinculó de la gestión de los gastos en ayudas sociolaborales.

El ex presidente andaluz se explicó en términos muy técnicos a las preguntas que le realizó el instructor y distinguió entre la gestión de los presupuestos, que sí era de su competencia, de la gestión del gasto, que no era de su responsabilidad sino de la Consejería de Empleo. En declaraciones a los periodistas a su salida, afirmó estar “muy satisfecho” por haber podido declarar en sede judicial, algo que, según recordó, se produce “tres años después de haber comparecido en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que promovió el PSOE”. Griñán subrayó su “rechazo” a todos los hechos irregulares que se han producido en la ejecución de una partida presupuestaria y se mostró “satisfecho” por “poder demostrar cómo la actuación de la Consejería de Hacienda y la Presidencia de la Junta de Andalucía fueron en todo momento conformes a derecho”. A la hora de referirse a la responsabilidad de la Consejería que dirigió entre 2004 y 2009, el expresidente andaluz incidió en que Hacienda “no es un órgano de fiscalización” sino que, “en todo caso”, su cometido es de “presupuestación y recaudación”, pero “nunca de fiscalización de otros departamentos”.

Así las cosas, sostuvo que “la presupuestación” se hizo “correctamente” y que la cuestión pudo estar en “el modelo de ejecución del gasto”, que es algo que “siempre le corresponde al departamento que tiene asignado el crédito” que, en este caso, sería la Consejería de Empleo. “Nunca a otro departamento y nunca a la Presidencia de la Junta”, insistió. Tras asegurar que durante su declaración contestó a “todas las preguntas”, negó que “hubiera un gran plan para defraudar”, como defiende la jueza Mercedes Alaya, pero entiende que sí “hubo un gran fraude”, lo que, según sus palabras, “significa que algunos de los controles pudieron fallar”.

Griñán añadió que él recibió las memorias anuales, no los Informes de la Intervención, y que las primeras se elevaron al Consejo de Gobierno y se “instruyó” a la Intervención General para que “en caso de que no lo hicieran las consejerías destinatarias de esos informes o estimara que pudiera haber fraude en el estado de fondos públicos, elevara el informe de actuación”. En esas memorias, según recalcó, se decía “exactamente” que aquellos defectos que existían se iban a poner en conocimiento de las consejerías afectadas. El Gobierno andaluz le decía entonces a la intervención que, si no le hacían caso las consejerías o si estimaba que hubiera fraude, “efectuara un informe de actuación”.

Griñán reflexionó sobre su situación, que calificó de “mala” para él y para su familia y precisó que, en su momento, ya asumió su “responsabilidad política” para no perjudicar al PSOE ni a la Junta de Andalucía. Además, dijo haber vivido un “calvario” con su implicación en la causa pero confía en la Justicia. - E.P.