madrid - El extesorero del PP Luis Bárcenas sigue con su estrategia de implicar a la cúpula popular en la supuesta contabilidad B del partido. Su defensa sostiene que él nunca se encargó de las liquidaciones del partido ante Hacienda ya que esta labor recaía en sus “administradores o legales representantes”, quienes serían entonces los verdaderos responsables del delito fiscal que pudo cometer el PP en el ejercicio de 2008 al no declarar los donativos de empresarios. Según los estatutos de la formación, estos representantes legales son el presidente y el secretario general, lo que haría que Bárcenas estuviera apuntando -no los nombra explícitamente- a Mariano Rajoy, como presidente, además de a Ángel Acebes y a su sucesora a partir de mediados de aquel año en la secretaría general, Dolores de Cospedal.

En un recurso presentado contra el auto de procesamiento del juez Ruz por la pieza sobre la supuesta contabilidad paralela de la formación, Bárcenas se defiende de los delitos fiscales que le imputa el magistrado por la caja B del partido. Afirma que de tributar se encargaban los “administradores o legales representantes” del PP, a los que su congreso estatal atribuye “las más amplias competencias para la administración, disposición y representación de los bienes e intereses del partido”. “Bárcenas no fue responsable ni lo ha sido nunca de la elaboración y conformación de las liquidaciones practicadas por el PP ante la Agencia Tributaria”, afirma en el recurso su abogado, Francisco Maroto, que insiste en que “los criterios jurídicos tributarios establecidos por el PP recaen en otros sujetos intervinientes y no en la figura del gerente y tesorero”. Ruz atribuye al PP haber colaborado a un fraude fiscal de la empresa de arquitectura Unifica por pagarle con dinero negro la reforma de la sede de la calle Génova, y cree que hay indicios de otro delito fiscal, en calidad de autor, por los donativos de empresarios que Bárcenas anotó en 2008 en su contabilidad manuscrita y que no se tributaron en el impuesto de sociedades. Según el juez, de ambos delitos responderían el tesorero y el gerente del partido, en este caso Bárcenas y Álvaro Lapuerta, como administradores del mismo.

Sin embargo, la defensa del extesorero afirma, por un lado, que de las diligencias practicadas no ha quedado acreditado ningún delito contra la Hacienda Pública y añade que, en el caso de los donativos de 2008 no declarados, Bárcenas no era el administrador o representante legal del partido, como sostiene el juez. “(Bárcenas) no tiene la condición ni actuó en ningún momento como administrador o responsable legal de la formación política”.

contradicción con Hacienda Además, recuerda que los peritos de Hacienda concluyeron que, según la ley, estas donaciones no tributarían, por lo que subraya que las conclusiones de la Agencia Tributaria son “absolutamente contrarias al criterio del magistrado”. “Difícilmente puede sostenerse la existencia de ilícito penal cuando la Agencia Tributaria sostiene que no existe infracción en materia tributaria”, afirma. De igual modo, el recurso rechaza el delito de apropiación indebida que se atribuye a Bárcenas por permitir que el extesorero Alvaro Lapuerta se quedara con dinero de la caja B después de comprar acciones de Libertad Digital, al apuntar que esa operación se hizo “bajo titularidad encubierta”, por lo que en realidad serían “titularidad del partido político”. Preguntada Cospedal sobre la defensa de Bárcenas, aseguró que el extesorero, “como tantas veces, miente”. “Una mentira repetida mil veces no es una verdad”, subrayó. - DNA/Efe