donostia - La Diputación de Gipuzkoa ha ampliado la querella contra tres exresponsables de la AP-1 (Eibar-Vitoria) al entender que se produjeron “pagos irregulares” de 13,6 millones de euros por “trabajos no ejecutados” y no de 3,4 millones, tal y como se denunció en un principio. Por su parte, el PNV sigue insistiendo en que las acusaciones se basan en una “denuncia falsa” y estudiará tomar las medidas legales oportunas.
La diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, explicó ayer que, tal y como se avanzó durante la comisión de investigación que la pasada semana tuvo lugar en las Juntas Generales, durante el estudio de la liquidación de la citada autopista, se detectó que en 88 partidas “se pagó más de lo solicitado por la dirección de obra y las empresas”. Esta situación habría llevado a la Diputación a solicitar a la ingeniería Ingeotyc que analizara los tres túneles (Izurieta, Apotzaga y Gurutze Txiki) del tramo Eskoriatza norte-Arrasate norte.
El primero de ellos tendría que ver con la excavación de zanjas para el apoyo de los falsos túneles, en el que, según Ugarte, se produjo un sobrecoste de 1,165 millones. En segundo lugar se encontrarían la “ejecución de terraplenes sobre boquillas”, la Diputación asegura que se produjo un abono de 168.367 euros de más. En lo referente al hormigón utilizado para el relleno de túneles, Ugarte expuso que, a petición de la Diputación la ingeniería Euskontrol “ha perforado testigos en los hastiales y bóvedas de los túneles”, arrojando un desfase de 3,6 millones.
Por su parte, el PNV insistió ayer en un comunicado que la denuncia presentada por Ugarte “es falsa” y avanzó que esperará a “conocer el archivo de la causa o la sentencia del tribunal para emprender las medidas judiciales oportunas ante la estrategia de difamación y calumnia de la izquierda abertzale”. - I. Astarloa
