madrid - El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó ayer la libertad bajo fianza de 15.000 euros a los últimos cuatro detenidos por la Guardia Civil en la denominada operación Pastor contra el supuesto aparato de apoyo a los presos de ETA. El magistrado imputa a Oihana Barrios, Izaskun Abaigar, Nagore López de Luzuriaga y Fernando Arburua un presunto delito de “integración terrorista”, recogido en el artículo 571 del Código Penal, y castigado con penas de 15 a 20 años de cárcel. Además de la fianza, a López de Luzuriaga el juez le impone la prohibición de efectuar visitas a los presos sin su permiso.

En concreto, el auto dictado por Velasco señalaba que las cuatro personas ya en libertad actuaban a las órdenes de ETA para cohesionar a los presos bajo la cobertura de los colectivos Etxerat y Jaiki Hadi de asistencia a los reclusos. Según informó el Ministerio del Interior cuando se produjeron los arrestos, estas cuatro personas participaban de un grupo llamado Núcleo de Coordinación o KG, en el que confluían los representantes de distintas organizaciones de apoyo a los presos . Los miembros del KG asistían a sus reuniones “conscientes de que integraban un espacio de coordinación diseñado y liderado por ETA y de que subordinaban sus actividades y las de las organizaciones a las que representaban a los intereses de la organización terrorista”, según el departamento dirigido por Fernández Díaz.

En el auto emitido ayer, el juez Velasco señalaba que a López de Luzuriaga, que participó en la reunión que mantuvo una representación de Etxerat con el lehendakari Urkullu, la Guardia Civil le incautó un manual de “cómo fabricar un terrorista”. Según explicó Etxerat, el supuesto manual “cómo fabricar un terrorista” se trata de un documental de producción checa sobre el conflicto político de Euskal Herria. Velasco afirmaba también que en la operación les fueron requisados a otros dos detenidos pequeños rollos de papel en forma de canutillos utilizados para hacer llegar información de los presos a la dirección de la organización. Según el magistrado, en uno de los canutillos incautados un preso advertía de su separación del EPPK y asumía que, como consecuencia de ello, se quedaría sin asistencia letrada, psicológica y económica.

Comunicado de Etxerat Etxerat emitió ayer un comunicado en el que denunciaba que la operación Pastor ha querido “atacar directamente al derecho a la salud, a la asistencia médica de confianza”. “La política de venganza del Gobierno español, por encima de cualquier otro propósito, continúa golpeando sistemáticamente sus derechos humanos”, señalaba.

Etxerat criticaba la “política de venganza contra “familiares, allegados, amigos de presos, y de exiliados políticos vascos”, al tiempo que remarcaba que no pueden detenerles por ser familiares, pero “pueden hacerlo criminalizando Etxerat”. “No pueden silenciarnos, pero pueden desacreditar nuestras denuncias deslegitimando Etxerat”, insistía en la nota.

Asimismo, la presidenta de BBB del PNV, Itxaso Atutxa, calificó las detenciones de la Guardia Civil de “operación de marketing”. “Comparto la lectura del Gobierno Vasco y, como PNV, también tenemos que denunciarlo porque ya hemos visto cómo terminan este tipo de detenciones. Suelen ser operaciones marketing, de las que el ministro de Interior es muy aficionado, y que el Gobierno de España utiliza para desviar la atención de otros asuntos”, afirmó. - DNA