donostia - El caso Bidegi tendrá su continuación en las Juntas Generales de Gipuzkoa la próxima legislatura. Así lo acordaron ayer Bildu y PP, quienes con el apoyo de Aralar, dieron luz verde a la creación de una nueva comisión de investigación que permita estudiar toda la obra de la AP-1 (Eibar-Gasteiz), cuya liquidación ha sido puesta en tela de juicio por la diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte. Además, acusaron a Markel Olano y Eneko Goia de ser los “responsables políticos directos” de los hechos enjuiciados y pidieron a las Juntas Generales su reprobación política.

Bildu y PP sumaron ayer sus fuerzas para aprobar las conclusiones que cierran la comisión de investigación y en las que se determina que lo ocurrido en el depósito de tierras Basagoiti 2, en donde según la Diputación dirigida por Martín Garitano, se abonaron 3,4 millones de euros por una serie de trabajos “no ejecutados”, “no es más que la punta del iceberg”, por lo que se comprometieron a crear una nueva comisión de investigación en la próxima legislatura. Se da la circunstancia de que esta misma petición fue realizada por PNV y PSE antes de comenzar la comisión de investigación, que ante la proximidad de la disolución de la Cámara territorial veían “mayores garantías” si se estudiaba el caso sin las prisas del calendario.

En su texto conjunto, soberanistas y populares entienden que “los incrementos no justificados de Basagoiti no se tratan de un hecho aislado”, por lo que recomiendan “un análisis en profundidad de todo el tramo en su conjunto”. Consideran que lo ocurrido en Basagoiti 2 es “la punta del iceberg”, por lo que solicitan que se cree una nueva comisión de investigación que permita dirimir la hipótesis según la cual “el contratista y Bidegi pudieron haber negociado un precio, y posteriormente falsificaron las liquidaciones de forma chapucera”.

Además, a su entender “ha quedado probado que se abonaron 3,4 millones por trabajos no ejecutados”, algo que a su juicio “no puede tratarse de un error”. “Existe un excesivo número de errores, falta demasiada tierra y se ha usado dinero público indebidamente”, sostienen.

Todo ello les lleva a concluir que “es evidente” que existen responsabilidades políticas para Markel Olano y Eneko Goia quienes, a su entender, tenían “conocimiento directo de las negociaciones sobre los pagos de las obras”. A ellos les censuran que “no han aportado ningún dato ni presentado prueba alguna que refuten el informe pericial”, y que se escudan en la “complejidad de la obra” para justificar la ausencia del volumen de tierras que se está investigando. Por todo ello, instan a las Juntas Generales a que apoyen la reprobación política de los dos jeltzales.

“conclusiones parciales” Para el PNV, sin embargo, las conclusiones acordadas por Bildu y PP responden a una perspectiva “parcial” de los hechos que “obvia deliberadamente aquella información que desmonta toda la estrategia montada para desacreditar” a Olano y Goia.

A juicio de la juntera Eider Mendoza, “Bildu, Aralar y PP solo ven aquello que quieren ver y omiten el resto”, convirtiendo la comisión de investigación en un “juicio sumarísimo político”. En este sentido, recordó que los tres partidos rechazaron encargar una pericial independiente al Colegio de Ingenieros y Caminos, Canales y Puertos y criticó que en las conclusiones no se recoge que las tierras se han utilizado en la propia obra. Asimismo, criticó que el documento de conclusiones elaborado por la presidenta Lohitzune Txarola habla de “irregularidades contables” cuando esta causa “ya fue archivada por el Tribunal de Cuentas del Reino de España”.

Estas conclusiones serán ratificadas en el Pleno que se celebrará el próximo lunes y que supondrá la clausura de la legislatura.