pamplona - Las víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha serán reconocidas por Navarra como tales víctimas y como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral. Así lo recoge el dictamen que se acordó ayer en el Parlamento foral (se aprobará esta tarde), que pretende avanzar en materia de convivencia. Después de que familias de varias víctimas de abusos policiales y de grupos de extrema derecha hayan pasado por el Parlamento, ha quedado evidenciado el desamparo que han sufrido sistemáticamente por parte de las instituciones de Navarra. Para paliar esta situación, PSN, Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bari, llegaron ayer a un acuerdo, mínimo para algunos, pero que avanza de forma considerable en el reconocimiento de este tipo de víctimas. La norma, que llega in extremis con los plazos en los talones, fue impulsada por Izquierda-Ezkerra para cerrar el círculo abierto con la ley de Víctimas del Terrorismo y la ley de Memoria Histórica y para que “ninguna persona que hubiera sufrido volencia por motivación política se quedase al margen de la legislación existente”.

Con la aprobación, quedan equiparadas a nivel de justicia y memoria a lo estipulado en la Ley de Víctimas del Terrorismo, incluido un acto de homenaje institucional. Es decir, la declaración como víctima implicará el reconocimiento de indemnizaciones económicas por daños “físicos, psicológicos o materiales”.

En ese sentido, para otorgar el reconocimiento de víctima y proceder a la homologación de derechos con el resto de afectados por acciones de similar naturaleza, se instaurará una Comisión de Reconocimiento y Reparación que, integrada por nueve personas “de acreditada competencia” en ámbitos como el Derecho, la Criminología, la Sociología, la Psicología o los Derechos Humanos, será la encargada de incoar una investigación previa y rigurosa de los hechos que se le encomienden a partir de su constitución, prevista para antes del 31 de diciembre de 2015. Los miembros de la Comisión serán elegidos por el Pleno del Parlamento para un período de cinco años. La comisión realizará anualmente una Memoria que será presentada ante el Parlamento, publicada y difundida entre la ciudadanía. La comisión deberá ser financiada por el Gobierno de Navarra. Solo UPN y PSN se opusieron a este aspecto.

Del mismo modo, contempla acciones en los ámbitos educativo e institucional, a modo de “disculpa pública y reconocimiento” de los hechos. A tal objeto, el Gobierno de Navarra, en colaboración con el Parlamento, organizará un Acto de Homenaje a las Víctimas en el plazo de un año desde la finalización del primer mandato de la Comisión.

Las solicitudes para la declaración de la condición de víctima de motivación política se dirigirán al Gobierno y deberá contener una descripción detallada de los hechos para acreditarlos. Una vez investigados, la comisión elevará una propuesta de resolución vinculante, aceptando o desestimando la demanda. Podrán acogerse a esta ley tanto aquéllos que hayan sufrido daños en Navarra o que, ostentando la condición de navarros, lo hayan sufrido fuera.