MADRID. Tras dos años de investigación, el juez ha cerrado la instrucción del caso en un auto, en el que atribuye a Bárcenas, Lapuerta, Páez y a tres empleados de la empresa de arquitectura que reformó la sede del PP delitos fiscales y de apropiación indebida, y da por indiciariamente acreditada la existencia de una caja B en el PP.
El juez también levanta la imputación de los 22 empresarios que aparecen como donantes en los papeles manuscritos del extesorero con la caja B del partido.
En el auto, Ruz envía asimismo a un juzgado de Toledo, por un posible delito de prevaricación, la vertiente del caso que investiga la adjudicación supuestamente irregular a una filial de la constructora Sacyr de un contrato de basuras del ayuntamiento de la ciudad, que pudo responder a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña municipal de la actual presidenta de la comunidad, María Dolores de Cospedal.
