vitoria - Pablo Gorostiaga, el ex alcalde de Laudio que permanecía en prisión desde 2007 condenado por colaboración con ETA, abandonó en la mañana de ayer la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real. La asociación de familiares de presos de la banda armada, Etxerat, confirmó a través de las redes sociales la salida de la cárcel de Gorostiaga, que fue recibido nada más cruzar las puertas de la prisión por familiares y allegados.
El ex primer edil de la capital ayalesa, de 78 años, fue condenado en 2007 a nueve años de reclusión dentro del sumario 18/98 seguido contra varias organizaciones del supuesto entorno de la banda terrorista. Gorostiaga fue el primer alcalde de Laudio tras la instauración de la democracia entre 1979 y 1983, cuando encabezó la candidatura que se bautizó como Gure Aukera. Tras culminar su mandato, en la siguiente legislatura el PNV tomó el relevo al frente de los comicios locales y fue Juan José Ibarretxe, después lehendakari, quien gobernó este municipio.
En 1987 Gorostiaga volvió a la Alcaldía bajo la siglas de Herri Batasuna y tras otro paréntesis en los que gobernó el PNV, volvió a recuperar el bastón de mando en 1999 encabezando la candidatura de la izquierda abertzale que en aquella ocasión se llamó Euskal Herritarrok.
En los siguientes comicios (2003) la izquierda abertzale estaba ilegalizada y en 2007 Gorostiaga no se presentó en la candidatura de Acción Nacionalista Vasca. Mientras estaba encarcelado y cumplía la pena impuesta por los tribunales, el dirigente abertzale fue noticia en verano de 2013 por su elección como pregonero de las fiestas de Laudio, ayuntamiento gobernado por Bildu. El nombramiento fue suspendido por el juez a instancias del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo -también laudioarra-, que entendía que su designación atentaba contra la dignidad de las víctimas del terrorismo.
macroproceso La detención de Gorostiaga y de los demás encausados en diciembre de 2007 supuso un punto y seguido en un macroprocedimiento judicial que para entonces ya acumulaba casi una década de vida. El inicio se situó en la investigación del ex juez Baltasar Garzón sobre diversas organizaciones que encuadró en el entorno político de la organización armada. El primer operativo judicial, en mayo de 1998, se dirigió contra una trama de empresas sospechosas de participar en flujos económicos con ETA. A partir de ahí, llegó la clausura del diario Egin, la ilegalización de KAS y luego de Ekin.
La respuesta política a este entramado judicial varió entre los partidos con representación en las instituciones vascas. La izquierda aber-tzale llamó a la sociedad a movilizarse por el “injusto castigo” a los procesados, el PNV se sumó a la denuncia del cariz político de los arrestos, el PP los aplaudió y el PSE, por su parte, optó por una posición de cautela ligada al silencio. - DNA/Efe
