BILBAO- Su gobierno ha retirado del proyecto de Ley de Empleo Público la posibilidad de reducir salarios y jornadas a los funcionarios en casos excepcionales. ¿Facilita el acuerdo?

-El punto era una previsión del proyecto que el Gobierno de López remitió un mes antes de convocar elecciones. Se decía que las administraciones públicas, cuando se encontraran en una situación excepcionalmente negativa desde el punto de vista económico, podrían reducir salarios sin reducir horario. Nos parecía injusto. Mantuvimos la previsión pero muy modulada, diciendo que se podría reducir proporcionalmente el sueldo y la jornada. Esto ha tenido una contestación radical por parte de los sindicatos. En aras al acuerdo renunciamos a esa propuesta dando por hecho que en el corto plazo no vemos que en Euskadi se vayan a producir esas situaciones. Pero un sindicato nunca te va a decir que es suficiente. Están para pedir hasta la luna. En año electoral suelen ser particularmente incisivos, y es lo que está pasando, nada más. Tampoco les gusta la evaluación del desempeño, no quieren que se prime al que trabaja bien sobre el que trabaja mal. Si en una ventanilla hay dos personas y una recibe de los ciudadanos la valoración de 10 sobre 10 porque es atenta y está bien informada, y la otra recibe un 0, los sindicatos quieren que el tratamiento a efectos de retribución sea el mismo. Creemos que eso es irrenunciable pero, quitando esas cuestiones, en lo demás estamos abiertos a cualquier aportación.

La conflictividad con los sindicatos de funcionarios viene de tiempo atrás. ¿Cree que sus reivindicaciones son desorbitadas en comparación con lo que se vive en el sector privado?

-Hay un dato incontestable: la conflictividad sindical pública ha eclipsado prácticamente a la del sector privado. En el sector privado se expresa preocupación en la calle cuando una empresa va a cerrar o hay un ERE, pero en la reivindicación laboral de sueldos y horarios la conflictividad pública ha eclipsado a la privada. Lo que pedimos a los sindicatos del sector público es mesura y prudencia. En la sociedad vasca hay 65.000 personas que están cobrando la RGI porque no llegan a fin de mes, para poder sobrevivir. Hay 170.000 personas que están registradas en Lanbide en busca de un empleo que suspirarían por tener un puesto en la administración de estos que rechazan los que dicen que la precarización del sector público ha llegado a límites insostenibles. Siendo esa la realidad en la que nos encontramos, lo que pedimos es que los sindicatos del sector modulen sus exigencias y formulen sus reivindicaciones teniendo muy presente que la economía está como está.

¿Perjudica al gobierno la imagen del lehendakari encarándose a los sindicatos de la Ertzaintza?

-El lehendakari lo que ha constatado es que por parte de los liberados sindicales se han sobrepasado los límites de la reivindicación de una forma civilizada, particularmente cuando quien opera de esa manera es un Cuerpo que tiene una responsabilidad institucional vinculada con el orden público.

¿Cuál es el meollo del conflicto? ¿Desde los sindicatos no se acepta ninguna reestructuración tras el cese de ETA?

-Este año se ha convocado en tres ocasiones a los sindicatos a la mesa 103 y no se han presentado. Si sale a la calle reivindicando la negociación quien no quiere sentarse en la mesa, además de una pérdida de respeto institucional hay cierto componente de cinismo.

¿Esa es la vía, que se sienten con la consejera, y no una cita con el lehendakari, como piden?

-Es una reivindicación absurda. Para la negociación hay unos cauces legalmente establecidos que pasan por el Departamento de Seguridad. Si todo el mundo tuviera que resolver sus asuntos con el lehendakari, todos los demás sobraríamos.

En el sector privado, ¿es factible que ELA y LAB se sumen a la mesa de diálogo social?

-Si atendemos a sus declaraciones, no. El consejero Toña hará el máximo esfuerzo, en cualquier caso, para integrar el máximo número de interlocutores. Pero trabajaremos con quienes estén dispuestos a trabajar. Eso no paralizará la mesa.

El Gobierno Vasco ha revalidado su confianza en el consejero tras conocerse su inhabilitación como administrador concursal. La comisión ética de la que usted forma parte le dio su aval. Usted dijo que la decisión tomaría tiempo porque debían forjar un acuerdo unánime al respecto. ¿Alguien llegó a pedir la dimisión?

-Hablé de la decisión unánime porque ha sido criterio de la comisión desde el principio operar con unanimidad. Hice énfasis en eso porque en un tema con cierta complejidad hay que escuchar a todos y todos tienen derecho a conocer lo que se está diciendo sobre el particular y forjarse su opinión. Solo lo dije por eso, no porque aquí fuera particularmente complicado alcanzar la unanimidad, que no lo fue. En cualquier caso, sobre los contenidos de los debates poco puedo decir, porque el código ético me lo prohíbe.