el lector avispado ya ha caído en la cuenta de que en la campaña electoral -que comienza nominalmente en mayo pero que dura ya lo que vamos de año y no acabará con él- lo que va a pitar es el discurso de la Euskadi corrupta compartido por EH Bildu, PP, PSE y todo el que venga detrás a bailar la música que ya suena. A la coincidencia -aparco un minuto las suspicacias- de que cinco años de instrucción del caso de Miguel se cierren a dos meses de las elecciones municipales y forales se suma la amalgama de palabras clave que facilitan construir un discurso de presunción de culpabilidades libre de los compromisos de veracidad y el rigor de los procesos judiciales, que para algo esto es política y ni la primera ni el segundo aseguran los votos.

En la amalgama se mezclan sin llegar a ligar plenamente en una sola masa Hiriko, Kutxabank, o el propio De Miguel, por no ir más lejos, con las siglas del PNV. No importa que no se pueda hacer un pan con ella, la masa sirve en tanto que dé vueltas ante los ojos del ciudadano. Como no importa que, en una suerte de precampaña que ha durado toda la legislatura saliente, la izquierda abertzale haya llevado ante los jueces a una veintena de ediles, alcaldes o ex cargos municipales del PNV sin obtener una sola condena y con más de la mitad de los casos archivados o absueltos. Pero asentando, eso sí, un estado de cosas que ha permitido presentarlos durante meses y años como querellados.

Los casos citados más arriba están todos en los tribunales y han irritado con justicia a los ciudadanos, por sus propias circunstancias y por las que les han sido inducidas. Apelan a la reflexión al partido aludido porque debe evitar servir de campo de juego, siempre presunto, a actuaciones que, por muy personales o individualizables que puedan ser, le manchan ante la opinión pública, no digamos la intencionalmente publicada. Objetivamente, un fracaso de inversión pública como Hiriko, en tiempos de zozobra socioeconómica, da para mucha irritación si, como sostiene el fiscal, sus promotores se lo llevaron crudo, algo que está por acreditar, por cierto. Como en todos los demás asuntos, que están por resolverse judicialmente, aunque la presunción de inocencia no case bien con los discursos preelectorales. El coche eléctrico no salió, entre sus promotores aparecen personas con un vínculo de proximidad al PNV y ahora parece que nunca hubo proyecto tecnológico detrás de él pese a que lo apoyaron ministros socialistas, lo montaron alcaldes y diputados forales populares y le quiso dar continuidad algún senador de Amaiur.

Además, alguien se ha empeñado y conseguido que el caso Cabieces parezca el caso Kutxabank. Sin daño patrimonial para el banco, el reputacional se paga con pólvora del rey. También es curioso que a un pacto de socialistas y populares para dar solución a una circunstancia personal del ex delegado del Gobierno en el País Vasco, todo ello presunto también, lo hagan orbitar ante la opinión pública en torno al PNV. Porque el anterior presidente, profesional de acreditada independencia en las formas y los fondos, que ha negado por activa y pasiva haber consultado, comunicado, advertido o pedido a ese partido su opinión, fue elegido con el respaldo jeltzale. Para darle más jugo al asunto y que el centrifugado haga más ruido aún, ha salido a la palestra el sueldo del nuevo presidente, que no milita políticamente de manera notoria pero, como otros sí, todo queda contaminado.

Las voces que más alto claman por la despolitización de los sectores económicos de este país son las mismas que más aclamaron la privatización de la industria pública y las utilities (energías, comunicaciones,?) en la edad dorada de José María Aznar, que quedaron en manos de compañeros de pupitre y de partido. Ahora, toda sigla apesta y los profesionales que hayan tenido militancia en el pasado están desacreditados. Lo que dejará los sectores clave del país en manos de los independientes cuyos intereses económicos, bien asentados y organizados en clubes privados, no rinden cuentas a partidos ni, con ello, al interés público controlable por la ciudadanía. Pero esta es otra historia y tampoco es inocente.

El último estreno del sainete es el caso De Miguel. Hay que contar a la opinión pública lo que haya detrás de él. Aplíquese el rigor máximo acorde a los delitos que se hubieran cometido tan pronto se acrediten. Pero no antes. Depúrense responsabilidades personales o colectivas donde las haya. Pero no donde no existen. Que se sepa, el juez instructor no acusa al partido al que pertenecieron nueve de los 26 imputados, el PNV. Que se sepa, uno de los nombres que, por pasear apellido ilustre en el nacionalismo vasco, más se manoseó durante estos últimos cinco años ha sido exonerado del caso por el juez. Que se sepa, las diputaciones forales de Araba y Bizkaia están personadas como acusación en el caso por decisión de sus responsables jeltzales. Que se sepa, toda la instrucción del caso, durante cinco años, se ha sostenido contra personas que no desempeñaban cargo público porque el diputado foral alavés, del PNV, Xabier Agirre tardó minutos en cesarles cuando se abrió esa instrucción. No hizo falta que les crecieran coches de lujo en los garajes, o les cayera media tonelada de confetis gratis encima, como ocurre en otros partidos. Que se sepa, la renuncia al carnet del partido la exigió su presidente, Iñigo Urkullu, al minuto dos de abrirse la investigación. Tardó en lograrse porque no había mecanismo estatutario para suspender la militancia; que se sepa que ahora ya lo hay. Sin sueldos en diferido, sin ex presidentes de comunidad o partido imputados, sin sobres ni sedes regaladas. Pues, oiga, que se sepa también y se incluya en el discurso de campaña. Por credibilidad, al menos.

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