MADRID. Esta iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación que el portavoz de ERC, Alfred Bosch, formuló el pasado 18 de febrero en la sesión de control al Gobierno al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El texto se divide en dos partes, una relativa a la supresión de lo que ERC considera privilegios de los diputados y senadores y otra que persigue acabar con las prebendas que, desde su punto de vista, disfrutan el resto de cargos políticos.

SALVO POR MOTIVOS DE SEGURIDAD

Así, los independentistas catalanes buscan que el Congreso exprese su voluntad de suprimir todos los coches oficiales que utilizan los miembros de las Cortes Generales, salvo los que sean estrictamente necesarios por motivos de seguridad.

Además, quiere un compromiso par que se tomen medidas destinadas a obligar a sus señorías a justificar la indemnización que perciben mensualmente los diputados para cubrir los gastos de su labor parlamentaria en Madrid que actualmente ni tributa ni exige justificación alguna. Los diputados de fuera de Madrid perciben 1.823,86 euros, mientras los elegidos por esta circunscripción reciben 870,56 Euros.

La segunda parte de la moción es un mandato al Gobierno para que tome una serie de medidas en el marco de la Administración General del Estado, las sociedades y empresas públicas, los organismos autónomos y demás entes de su competencia.

REGULAR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS

En concreto, proponen que se haga público el gasto detallado (incluidos los realizados en lo que va de legislatura) de todas las tarjetas de crédito "en el caso de que existan", y que se establezca una aplicación estricta de las dietas y otras retribuciones extrasalariales, individualmente justificadas indicando la razón o motivo de su cobro así como el coste desglosado por conceptos y avaladas por la institución correspondiente.

Además de exigir también la eliminación de coches oficiales, reclaman que se regule por ley el uso de los espacios y medios públicos de manera que se especifiquen las condiciones para su utilización y se pongan límites. Así, proponen que se obligue a los cargos públicos a viajar en clase turista, salvo en casos excepcionales por motivos de seguridad o eficiencia.

Por último, demandan que se incorpore al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado el gasto derivado de todos los conceptos a los que se alude en la moción.