madrid - Pese a los intentos de la Agencia Tributaria de exonerar al PP de responsabilidades por no declarar a Hacienda las donaciones supuestamente ilegales que recibió en 2008, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado el paso definitivo de cara a imputar al partido de Mariano Rajoy por delito fiscal por estos hechos. Dentro del caso Bárcenas que instruye como pieza separada del caso Gürtel, el magistrado ha concedido un plazo de cinco días a la propia Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, para que determine la cantidad que la formación popular debería haber tributado por los 1.050.000 euros que, tal y como aparece en la contabilidad paralela del partido o papeles de Bárcenas, recibió de donaciones al parecer ilícitas en 2008, el único ejercicio que no ha prescrito a este respecto.

Ruz ha realizado esta solicitud “para el caso de que no se consideren rentas exentas de tributación y tomándose únicamente en consideración para la determinación de la eventual base de tributación los gastos en que hubiera incurrido la formación política en el ejercicio de referencia”. Es decir, el juez instructor busca con esta diligencia determinar si el PP pudo cometer o no un delito fiscal, lo que en caso afirmativo conllevaría la imputación. En cambio, de no existir responsabilidad penal, podría aplicarle la condición de partícipe a título lucrativo de los delitos investigados, como ya hizo en el caso Gürtel.

Se da la circunstancia de que el último informe de la Agencia Tributaria destacaba que la compañía encargada de la reforma de la sede del PP en Génova, destinataria de parte del dinero recibido en donaciones en 2008, “habría dejado de ingresar” a la Hacienda Pública unas cuotas que en cuatro ejercicios “superan los 120.000 euros”, límite establecido por el Código Penal para el delito fiscal. Agregaba que el estudio de arquitectura que llevó a cabo estos trabajos cometió cuatro delitos fiscales relativos al Impuesto de Sociedades de 2006 y 2007 y al IVA de 2009 y 2010.

El magistrado ha dado este paso pese al cortafuegos que peritos de la Agencia Tributaria trataron de establecer alrededor del PP en su comparecencia ante Pablo Ruz del pasado 11 de febrero. En la misma, aseguraron que el PP no estaba obligado a tributar por los 7,5 millones de euros en donaciones que habría recibido entre 1990 y 2008, según la contabilidad paralela, porque se habrían destinado a fines propios del partido como la reforma de su sede central, lo que, según la legislación, les eximiría de tributación.

Pagos en negro Los peritos recordaron que la responsabilidad penal de los partidos y sindicatos fue recogida en la reforma del Código Penal publicada en el BOE el 28 de diciembre de 2012, por lo que el PP no podría ser imputado por hechos cometidos antes de esta fecha. Para incluir a estas organizaciones, las Cortes modificaron el artículo 31 bis de la Ley de Reforma del Código Penal, que regula la responsabilidad de las personas jurídicas.

Los expertos fiscales también señalaron ante el juez que las obras en la sede del PP, que se llevaron a cabo entre 2005 y 2011, se pagaron con 1,71 millones de euros en negro, aunque únicamente podría atribuirse delito fiscal a la empresa de arquitectura que desarrolló los trabajos.

Explicaciones en el Congreso. El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, anunció ayer que su partido exigirá explicaciones al Gobierno español en el Congreso por la última providencia del juez Ruz en el ‘caso Bárcenas’, pues interpreta que el instructor ya está situando al PP en “el lado de los defraudadores” y enfrente de los demás contribuyentes. Tras afirmar que “la Justicia cerca al PP”, Saura calificó esta situación de “especialmente grave” porque supondría que el PP, que debería velar por que todos los españoles paguen impuestos, se habría pasado “al otro lado”. “Ya entiendo por qué el presidente Mariano Rajoy sólo quiso dedicar dos minutos a hablar de corrupción en el último debate sobre el estado de la nación”, añadió el socialista.