bilbao - La Fiscalía vasca solicita seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación especial para cargo público contra Hasier Arraiz por presunta integración en organización terrorista al intentar reconstruir la Mesa Nacional de la ilegalizada Batasuna, “actuando al servicio de las actividades y finalidades de ETA, de forma coordinada con la banda”, según el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro. Mientras otras 35 personas serán juzgadas por esta misma causa en la Audiencia Nacional, el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu será enjuiciado por la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, presidida por Juan Luis Ibarra, después de que el Tribunal Supremo resolviera que era el competente al ser Arraiz aforado en calidad de parlamentario vasco. Según Calparsoro, el juicio podría celebrarse a finales de este año o a inicios de 2016, fecha en la que podría haber un cambio de ciclo político en el Estado español.

El fiscal pide que en la vista declaren el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, encarcelado en la prisión de Logroño por el caso Bateragune, además de otros dirigentes de la izquierda abertzale como Joseba Permach, Rufi Etxeberria y Jose Luis Elkoro. En su escrito, la Fiscalía precisa que los hechos se concentran entre octubre de 2005 y 2009, cuando Arraiz formó parte de la clandestina Mesa Nacional de Batasuna y fue detenido el 4 de octubre de 2007 junto a los demás miembros con los que se citó en la guipuzcoana Casa de Cultura de Segura. Entrando al detalle, Calparsoro señala que el acusado era responsable de Batasuna en Araba y, en su condición de miembro de la Mesa Nacional, actuó, “de forma coordinada con ETA, para lograr la independencia de Euskalherria mediante la utilización de la violencia”. Subraya el fiscal que la banda armada pretende conseguir sus objetivos a través de la “subversión del orden constitucional mediante graves alteraciones de la paz pública para la construcción de un Estado reunificado, independiente, socialista y unido por la lengua vasca”. Evoca que en octubre de 2011 ETA decretó el cese definitivo de la actividad terrorista, si bien puntualiza que aún “no ha declarado su disolución”.

Calparsoro rebaja la petición de condena inicial de diez años de prisión de la Audiencia Nacional a seis en base a la jurisprudencia actual, apostillando ayer que sus calificaciones son provisionales, y que cuando se celebre la vista las elevará a definitivas si se acredita que Arraiz cometió el delito que se le imputa. Según añade en su escrito, la banda actuaba en diferentes frentes “desdoblando” las actividades, de manera que las actuaciones las cometía a través de una estructura “clandestina”, mientras que los actos que “daban cobertura” a ETA y a sus crímenes se hacían empleando “los cauces legales o ilegales del Estado democrático, a través del Movimiento de Liberación Nacional Vasco con diferentes organizaciones, asociaciones, grupos, y partidos políticos”.

El ministerio público resalta, entre otros aspectos, que cuando Arraiz perteneció a la Mesa Nacional se produjo una campaña contra el Tren de Alta Velocidad, y destaca que el 3 de diciembre de 2008 ETA asesinó en Azpeitia al empresario Ignacio Uria.