Bilbao - Un año después de la entrega minúscula de armas a los verificadores internacionales son más las incógnitas que las certezas sobre las verdaderas intenciones de ETA de cara a completar su desarme, y más las interrogantes que las respuestas sobre el trabajo que está realizando el equipo dirigido por Ram Manikkalingam en aras de avanzar en el desarme. La organización armada no termina de aclarar cuáles son sus intenciones, ni cómo o ante quién piensa culminar la entrega de armas mientras la Comisión Internacional de Verificación (CIV) busca su espacio y las condiciones para poder desarrollar su tarea sin riesgos. Pero junto a esas incógnitas conviven las certezas de que la banda armada, 40 meses después de su anuncio de final definitivo de su actividad armada, no ha entregado aún sus arsenales y no tiene intenciones de hacerlo en breve. Y la certidumbre, también, de que los verificadores descartan volver a Euskadi antes de las elecciones generales del próximo otoño ante la ausencia de pasos de ETA y la falta de garantías de un marco legal para poder avanzar en su labor.

Ambas evidencias ofrecen pistas sobre el devenir de la situación en los próximos meses. Más allá de declaraciones a los medios de comunicación, el conglomerado de la izquierda abertzale tiene decidido no moverse en este terreno hasta 2016, pasados los comicios a presidente de la Moncloa, con la esperanza de que la situación política variará en el Estado español produciéndose un cambio de gobierno en Madrid, o dando la geometría parlamentaria en la Carrera de San Jerónimo un vuelco con la entrada en liza de la emergente Podemos. De paso, EH Bildu gana tiempo para recomponer sus dudas internas, cuando no desavenencias, sobre el modo de completar el desarme.

Los verificadores internacionales, por su parte, mantienen en mínimos su labor mientras no se produzcan movimientos firmes de ETA en esta materia. Se mantienen los canales de comunicación entre ambas partes, como confirman fuentes cercanas a la comisión de verificación, pero colisionan las estrategias y sobre todo los tiempos.

La comisión con sede en Amsterdam tiene bien interiorizado que el Gobierno de Rajoy ni va a colaborar ni va a facilitar la culminación del proceso. Con unas elecciones decisivas en ciernes, Rajoy no se la va a jugar ante el ala más dura de los suyos y tampoco pretende soliviantar a las asociaciones de víctimas más ruidosas y mediáticas para que estas se levanten como ya lo han hecho en cuestiones relacionadas con presos y política penitenciaria, o como ya lo hicieron hace un año cuando activaron los resortes judiciales a su alcance y provocaron la llamada del juez de la Audiencia Nacional de los dos verificadores que aparecían en el vídeo con los encapuchados de ETA durante la entrega y firma del inventario de las armas selladas y puestas fuera de circulación por la banda.

Fue el segundo aviso recibido por el equipo de Manikkalingam, que desde entonces ha reducido su ya de por sí microscópica visibilidad y aborda su trabajo en condiciones paraclandestinas. El primer aviso lo recibió de ETA, con un inventario de armas selladas más simbólico que significativo, que le puso a los pies de los caballos ante las críticas del lehendakari Iñigo Urkullu y de la mayoría de los agentes y partidos políticos que esperaban una muestra más contundente. En cualquier caso, las mismas fuentes subrayan que la presión existe pero no altera sus objetivos y su tarea en pos del desarme y, a renglón seguido, recuerdan que no hay que perder de vista lo que se ha conseguido desde octubre de 2011 hasta aquí, ya que la apuesta por las vías democráticas y no violentas por parte de la izquierda abertzale y ETA parece prácticamente irreversible.

Justo cuando hoy se cumple un año desde el acto de los verificadores internacionales en el hotel Carlton de Bilbao se han diluido tres actores protagonistas en una hipotética entrega de armas y explosivos: los facilitadores internacionales, el Gobierno español y la propia ETA. Sin embargo, ha irrumpido en el escenario el Gobierno Vasco que el pasado mes de diciembre se plantó ante el “no desarme” al que abocan las respectivas estrategias de la banda armada y el Ejecutivo de Rajoy y se ofreció como interlocutor ante ETA para hacer efectivo un desarme “rápido, viable y efectivo, basado en un gesto unilateral ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional”.

La propuesta de lakua La propuesta desbarató la estrategia de ETA, que solo piensa en una entrega de las armas al Gobierno español y, probablemente, en un escenario de negociación con los presos de la organización en el horizonte. La propuesta del Ejecutivo de Urkullu incluye la creación de un Comité para el Desarme compuesto por una representación del Foro Social, agentes internacionales -entre ellos la Comisión Internacional de Verificación- y representantes del Gobierno Vasco, con apoyo incluido del Parlamento de Gasteiz. El plan de desarme de Urkullu llegó pocas horas después de que los verificadores emitieran un comunicado en el que certificaban que ETA seguía trabajando en el sellado de sus armas. El Gobierno Vasco adelantó la presentación de su hoja de ruta ante la nota del grupo de Manikkalingam y tensionó la relación entre ambos, aunque las aguas volvieron a su cauce ya que los facilitadores aseguraron no sentirse molestos con el golpe de timón del lehendakari.

De hecho, se comprometieron a trasladar el plan de desarme a la organización para su estudio. Las fuentes consultadas aseguran a este diario que los verificadores no han descartado la propuesta de Urkullu y, en consecuencia, tampoco el Comité para el Desarme. Tal es así que siguen gestionando la propuesta para tratar de compartirla con ETA y avanzar en su desarrollo. Los evidentes problemas para establecer contacto con la banda ralentizan la toma de temperatura a la banda sobre esta proposición.