madrid - Pese la parafernalia que presidió el acto institucional para la firma del llamado pacto antiyihadista entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, PP y PSOE no han sido capaces de sumar nuevos apoyos al texto durante la tramitación por vía de urgencia en la Cámara Baja, en la que tan sólo contaron con el respaldo de los minoritarios UPN, CC y Foro Asturias, firmantes también de la proposición de ley hace algo más de un mes.

Todos los demás grupos votaron ayer en contra de la iniciativa, excepto UPyD y CiU que se abstuvieron, con críticas a la actuación de los dos partidos mayoritarios por haber gestionado el acuerdo sin el consenso ni participación de los demás.

Durante el debate de ayer en el Congreso se escucharon diversos argumentos en contra de esta proposición y entre ellos un denominador común: el rechazo al reconocimiento de la prisión permanente revisable que, de forma indirecta, se reconoce en esta proposición.

Fue un Pleno tenso, con acusaciones a populares y socialistas de colar la cadena perpetua por la puerta de atrás. El grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el del PNV utilizaron sus enmiendas para intentar desactivar el pacto. Todas sus enmiendas, que fueron rechazadas, proponían la supresión de todos los artículos. “No se concede la presunción de inocencia a nadie, sino que se criminaliza a todo el mundo”, denunció el diputado nacionalista vasco, Emilio Olabarria. “Una semana después seguimos donde estábamos”, dijo Uxue Barkos, de Geroa Bai, para quien PP y PSOE aprovechan la situación para acometer “un recorte de derechos civiles”.

Para el diputado de ERC, Joan Tardá, esta proposición “apunta a los independentistas vascos, catalanes y gallegos” y manifestó su rechazo a puntos concretos como lo que ha considerado como una ambigüedad en referencia a los artículos sobre el enaltecimiento del terrorismo. “Hay que castigar la incitación a la violencia, pero no puede ser considerado como terrorismo”, sentenció.

errekondo recuerda los gal El portavoz abertzale de Amaiur, Xabier Mikel Errekondo, centró sus críticas en la figura de la prisión permanente revisable recordando a los GAL: “¿Están diciendo acaso que condenarían a Felipe González a cadena perpetua como máximo responsable de terrorismo de Estado por haber causado decenas y decenas de muertos?”. También el BNG enmendó la proposición de ley para tratar de afinar más la definición de terrorismo y eliminar conceptos “imprecisos impropios de un Código Penal” que, a su juicio, pueden dar lugar a “un margen discrecional en su aplicación”.

Por razones bien distintas se opuso al acuerdo UPyD, cuya portavoz, Rosa Díez, se quejó de que nadie del Gobierno se pusiera en contacto con su grupo para negociar esta tramitación, por lo que tachó de “mentira” la mano tendida que ofreció el ministro “¿Se le ha perdido como los discos duros de Bárcenas?”, ironizó la diputada.

La iniciativa seguirá ahora su tramitación en el Senado solo 36 días después de que ambas formaciones y el Gobierno sellasen este compromiso en una reunión en el Ministerio del Interior tras una conversación telefónica entre Rajoy y Sánchez.

El PP y el PSOE han venido limando su acuerdo inicial y el pasado lunes presentaron una serie de enmiendas para, entre otros motivos, acotar los supuestos en que unos desórdenes públicos pueden considerarse terrorismo. De este modo, los desórdenes salen de esa lista y pasan al artículo 573 bis dejando claro que, al igual que la sedición, los desórdenes sólo podrán ser considerados terrorismo “cuando los cometa una organización o grupo terrorista o individualmente amparados en ellos”.

En otra enmienda introducen un cambio en la redacción de los delitos de captación, adoctrinamiento y adiestramiento para incluir también la trata de mujeres con la finalidad de obligarlas a contraer matrimonio o exportarlas sexualmente por parte de una organización terrorista o de quienes colaboran con ella.

apelaciones inútiles a la unidad En defensa del acuerdo el portavoz del PP, Rafael Hernando, animó a aparcar sus diferencias mostradas la semana pasada. En la misma línea se expresó el portavoz del PSOE Antonio Hernando, quien recordó que “en los últimos años ha habido importantes operaciones policiales de detención de 15 y 20 personas y luego había que ponerles en libertad porque no había un tipo penal para condenarles, aunque se supiese lo que estaban haciendo”.

“Claro que no teníamos un Código Penal adecuado”, replicó el diputado socialista a los grupos que censuraban la proposición como innecesaria. Sobre la prisión permanente revisable dijo que la postura del PSOE ha supuesto que se suprima del texto la referencia expresa de esa figura. - DNA