GASTEIZ - Cuando ETA puso fin a la violencia en octubre de 2011, el PNV planteó reducir el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía española en suelo vasco para adecuar su presencia al nuevo tiempo de paz, en el que ya no sería necesario un despliegue policial extra para prevenir atentados. Los jeltzales se preguntaban si no sería excesivo contar con 4.580 policías y guardias civiles -4.229 según Madrid- para atender las contadas competencias que deben desempeñar en Euskadi: aduanas, documentación de identidad y explosivos. Su mantenimiento cuesta 500 millones de euros al año. Desde algunos ámbitos se ha apuntado que esos agentes podrían destinarse a otras zonas del Estado con mayores problemas de inseguridad y no a Euskadi, donde ya hay cerca de 8.000 er-tzainas que velan por el orden público. Hasta la fecha, el PSE se había resistido a hacer piña con el PNV para exigir esa readecuación a Madrid y había interpretado que los jeltzales buscaban una mera escenificación por electoralismo y para competir con la izquierda abertzale. Pero ayer hubo un matiz relevante. Los socialistas unieron fuerzas con el PNV en el Parlamento para pedir que los controles sean proporcionales en frecuencia e intensidad, y para adecuar las actuaciones de las fuerzas estatales a sus competencias y que respeten las de la Ertzaintza, si bien el PSE no habló de repliegue estrictamente.

Algunos sectores creen que todo el despliegue estatal ha provocado que haya intromisiones competenciales en las tareas de la Ertzaintza o un exceso de controles de carretera de la Guardia Civil para tratar de justificar su trabajo y trasladar que no está mano sobre mano. El debate de ayer partió de una proposición no de ley presentada por EH Bildu que iba más allá y reclamaba cortar de raíz los controles porque, según denunció Julen Arzuaga, han provocado 21 víctimas mortales y es un sinsentido que haya “controles contra ETA sin ETA”. PNV y PSE pactaron una enmienda en la que no se pide que cesen todos los controles, sino que se ponga fin a aquellos que no estén justificados e interfieran en competencias vascas.

Controles sí, pero justificados El jeltzale Iñigo Iturrate vio muy poco probable que tengan justificación cada uno de los 2.750 controles paliativos llevados a cabo el año pasado por la Guardia Civil, y el socialista Rodolfo Ares coincidió en que el Gobierno español debe respetar a la Ertzaintza como policía integral y no mantener una proliferación de controles que “no se justifican ni en intensidad ni en cuantía” tras el cese de ETA. En cualquier caso, se mostró muy crítico con EH Bildu y recalcó que al PSE “nunca le han sobrado la Policía ni la Guardia Civil”.

También reclamaron al Ministerio del Interior que convoque a la mayor brevedad la Junta de Seguridad para que Madrid y Euskadi aborden la adecuación de la seguridad a la realidad actual, más de tres años después del comunicado de ETA. EH Bildu, PP y UPyD votaron en contra del acuerdo entre jeltzales y socialistas. Los populares y Gorka Maneiro se limitaron a agradecer la labor de los agentes españoles, como hasta hace poco hacía el propio PSE. En ese sentido, en marzo de 2012, con Patxi López en Ajuria Enea y el propio Ares al frente de la Ertzaintza, cuando PNV y Aralar pidieron reducir los efectivos estatales, PSE, PP y UPyD optaron por agradecer la labor de los agentes contra ETA.

El socialismo, obviamente, sigue agradeciendo ese trabajo, pero ahora va más allá en su argumento. En 2012 no lo hizo, quizás porque el cese de la violencia aún era muy reciente, porque hubiera sido complicado para el socialismo explicar esa propuesta a sus compañeros de Madrid o porque se puso el acento en el repliegue y ayer no se hizo. En 2013 también rechazó el repliegue. Ahora, su relación con el PNV está engrasada y la desconfianza que podría haber albergado con respecto a las intenciones de los jeltzales puede haberse disipado. En marzo de 2014, en una entrevista concedida a este diario, Ares ya dejó ver ciertos matices al asegurar que, aunque los agentes españoles tienen competencias y han luchado contra ETA, en tiempos de paz Madrid debería replantear el número de efectivos. No obstante, rechazó la vía de la confrontación en la que veía al PNV, y prefirió encauzarlo con el Gobierno español desde la discreción. Ayer sí dio el paso en el Parlamento.

La propuesta de PNV y PSE apuesta por que los controles respeten el “escrupuloso” régimen competencial y guarden en “frecuencia e intensidad” la “adecuada proporcionalidad” entre los medios y objetivos que pretenden. También se insta al Ministerio del Interior y al delegado del Gobierno español a que adopten las medidas necesarias para adecuar las actuaciones a sus competencias y que se respeten “escrupulosamente” las de la Ertzaintza. Lakua también plasmó esta queja en su informe de duplicidades, un debate aún abierto en el Parlamento. La popular Nerea Llanos consideró que los controles se ajustan a derecho y entran dentro de las competencias de los cuerpos estatales. Desde UPyD, Gorka Maneiro opinó que a EH Bildu no le preocupan los delincuentes, sino los que luchan contra ellos.

Estatuto de Gernika La propuesta de PNV y PSE, que no es más que una defensa cerrada de las competencias vascas, encuentra base en el Estatuto de Gernika. En su artículo 17, deja claro que corresponde a las instituciones vascas velar por el orden público, mientras que las fuerzas de seguridad del Estado deberían centrarse en los servicios extracomunitarios y supracomunitarios, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras. Las fuerzas estatales solo pueden intervenir en el orden público si lo pide Euskadi, o bien por iniciativa propia si se ve comprometido el interés general del Estado, aunque de todas formas deberían pasar primero por la Junta de Seguridad para aprobar esa intervención.

Desde EH Bildu, sin embargo, Arzuaga opinó que no se trataría de una “simple” vulneración de competencias, sino que el problema radicaría en el objetivo de esos operativos policiales estatales, que a su juicio buscan mantener la “simbología armada en este pueblo, así como la apariencia de ocupación”. El jeltzale Iñigo Iturrate habló de diez controles de la Guardia Civil al día, una cifra que vio a todas luces excesiva en el actual contexto de paz. Desde el socialismo, Ares quiso dejar constancia del respaldo de su partido a la labor de los cuerpos estatales para que no quedara diluido en su queja sobre las invasiones competenciales. “Tenemos la obligación de decir que muchos ciudadanos les debemos algo, haber impedido que nos asesinaran. Por eso no contribuiremos a la campaña para que se vayan”, dijo.