madrid - Pedro Sánchez ya puede exhibir ante los suyos su primer pacto de Estado con el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Quienes internamente le tachaban de bisoño y alejado del pragmatismo político que se le presume a su sombra en el partido, la líder del socialismo andaluz, Susana Díaz, se han dado con un palmo de narices al comprobar que el todavía poco experimentado líder del PSOE ha cerrado un acuerdo con el PP al más alto nivel ni más ni menos que sobre el terrorismo, especialmente el yihadista. aunque no es descartable que también se utilice de manera retrospectiva contra el de ETA.

La operación, no obstante, entraña sus riesgos, sobre todo porque contempla la cadena perpetua para terrorismo, lo cual levanta ampollas fuera y dentro del socialismo. Con una pirueta política ha conseguido incluir una cláusula que deroga dicha pena cuando haya mayoría parlamentaria suficiente, lo que no deja de ser un voluntarismo que se escapa de sus manos.

La pirueta es doble porque, como ya era conocido, la referencia a la prisión permanente revisable no aparece explícitamente, sino que se llega hasta ella a través de un rodeo. El acuerdo remite esta figura al sistema de penas del Código Penal recién aprobado por el PP que sí contempla esa cadena perpetúa encubierta por la cual en caso de acción terrorista con resultado de muerte se le condena a una pena máxima de 30 o 40 años, aunque el internamiento será revisable al final.

En concreto, el artículo 573 bis pactado entre ambos partidos asegura que “los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior serán castigados con las siguientes penas: con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código Penal si se causara la muerte de una persona”.

El acuerdo, que se ha hecho prácticamente en tres semanas, se compone de ocho puntos. En caso de asesinato por terrorismo, el texto se remite a la máxima pena del Código Penal, que tras la reforma es la prisión permanente revisable. Pedro Sánchez subrayó su discrepancia, pero aseguró que si gobierna modificará ese Código para eliminar dicha pena. En todo caso, el acuerdo de Estado será válido incluso si en el futuro se elimina la prisión permanente revisable, ya que esta figura en el Código Penal y el texto acordado se limita a subrayar la aplicación del máximo castigo.

Como contrapartida de la cláusula de la eventual derogación de la cadena perpetua, Sánchez tuvo que asumir una puesta en escena solemne de la firma del pacto con Rajoy. El líder socialista se mostró muy serio y solo dejó entrever una forzada sonrisa cuando ambos dirigentes cruzaron sus manos. El presidente español, por contra, no escondió su satisfacción por una foto que, fuera y dentro del Estado, rompe con su imagen de soledad. Ambos subrayaron la importancia de la unidad de los demócratas contra el terrorismo, y se comprometieron a mantener siempre viva la memoria de las víctimas.

El acuerdo, además, acota los casos en los que será delito el denominado adoctrinamiento pasivo, condicionándolo a que la consulta de páginas webs con contenido yihadista se haga con el objetivo de integrarse en una banda terrorista, colaborar con ella o perseguir sus fines. Esta acotación es consecuencia de las reclamaciones del PSOE que consideraba excesivo que el mero hecho de visionar una web de este tipo fuera considerado delito.

El texto firmado incluye aspectos como una regulación de la figura del lobo solitario -en alusión a los activistas yihadistas que actúan en solitario-, la penalización de la financiación del terrorismo o el castigo de la difusión en internet de contenidos terroristas o que inciten a cometer actos terroristas.

Sánchez calificó el acuerdo como un instrumento “para responder con eficacia ante el terror y ante aquellos que quieren acabar con nuestra convivencia y libertades”. A su juicio, “concede más eficacia a la lucha contra el terrorismo sin debilitar lo más mínimo los derechos de los españoles”.

Rajoy se felicitó por el acuerdo que, según señaló, envía a los radicales el “mensaje nítido” de que “la sociedad española está cohesionada en torno a la libertad, la democracia y sus valores más allá de matices ideológicos”. Considera que dota a España de las “mejores herramientas jurídicas y operativas” para garantizar la libertad de los españoles ante la “mayor amenaza de nuestros días”.

Tanto Rajoy como Sánchez invitaron al resto de las fuerzas políticas a sumarse al acuerdo y a la proposición de ley que ya se ha registrado en el Congreso. El debate de totalidad tendrá lugar el próximo martes 10, mientras que podría quedar aprobada en el Congreso el día 19 de este mes, para ser remitida al Senado.

Desde el Gobierno español esperan que haya más partidos que se sumen a este acuerdo y, aunque no lo firmen, apoyen la proposición de ley, y son “bastante optimistas” al respecto, aunque tanto Izquierda Plural y UPyD, así como CiU y PNV han mostrado su rechazo a la medida.

DEBATE de POLÍTICA GENERAL No fue el único acuerdo al que llegaron Rajoy y Sánchez pues también pactaron, a propuesta del PP, que el 24 de febrero se celebre el debate de política general más conocido como el Debate sobre el Estado de la Nación, el último de esta legislatura.

Proposición de ley. “Promover la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a través de una proposición de ley orgánica que ambas fuerzas suscribimos, y a cuya firma o apoyo convocamos al resto de fuerzas parlamentarias”.

Máxima pena. “Acordar que, tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal”.

Investigación criminal. “Impulsar las reformas legislativas necesarias para reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales, y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. Las modificaciones han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo”.

Víctimas. “Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas”.

Recursos. “Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y los servicios de inteligencia. Asimismo, seguir promoviendo la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de la Administración de Justicia para la mejor prevención, persecución y castigo de estos delitos”.

Enaltecimiento. “Poner en marcha políticas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas”.

Internacionalización. “Promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo, participando activamente en los foros internacionales y poniendo, para ello, en valor el papel de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”.

Consenso. “Promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas con representación”.