La paciencia del poder judicial se ha desbordado. Desde que, el pasado 18 de diciembre, el fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce anunció su dimisión, harto de las injerencias que venía sufriendo por parte del Gobierno español en cuestiones como el proceso soberanista catalán, se han sucedido las voces que, desde diversos estamentos del ámbito judicial, han denunciado las presiones que dicen padecer de la esfera política. Magistrados del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, así como el Consejo General de la Abogacía Española y los colegios de abogados de Bizkaia e Iruñea se han quejado amargamente y de forma pública en unas semanas especialmente convulsas en materia de política penitenciaria, con la salida de presos de ETA en aplicación de la decisión marco europea que insta a contabilizar los años cumplidos en cárceles de otros países. El temor del Ejecutivo español a que se repitiera el efecto de la derogación de la doctrina Parot a finales de 2013 ha provocado una elevación del tono contra decisiones judiciales como la excarcelación en diciembre de Santiago Arrospide, Santi Potros. Un mes después, el etarra volvió a la cárcel acusado de dos atentados cometidos en los años 80. La presión ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el escenario ya plenamente preelectoral no han ayudado en el tira y afloja que mantienen los ámbitos político y judicial, lo que ha vuelto a poner en entredicho la sacrosanta separación de poderes.

“La relación de los poderes del Estado con el poder judicial siempre ha sido complicada. Cuando se inician procedimientos judiciales relevantes, relacionados con la actualidad política o que son de mucho interés para la sociedad, existe la tentación de tratar de influir en la decisión de quien tiene que resolverlos”. Así lo afirmaba el coordinador de Jueces para la Democracia (JpD) en Euskadi, Edmundo Rodríguez, quien instaba a “evitar ese tipo de injerencias porque ponen en cuestión la separación de poderes que cualquier sociedad organiza. El poder judicial corresponde a los jueces, la legislación es cosa de los legisladores y gobernar corresponde a alcaldes, diputaciones, los gobiernos de las Comunidades Autónomas o el Gobierno central”.

En declaraciones a DNA, el portavoz de la asociación progresista insistía en que “históricamente ha habido injerencias, los integrantes del poder judicial tienen que resistirse a las mismas y el papel del CGPJ debiera ser evitarlas”. Una circunstancia que no se ha producido en el caso de los tres jueces de la Audiencia Nacional que decretaron en diciembre la libertad de Santi Potros, y que ante las duras críticas que recibieron por parte de dirigentes del PP y del Gobierno español pidieron amparo al órgano de gobierno de los jueces, que se lo denegó el 27 de enero. El juez emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín coincidía con esta denuncia de los magistrados y consideraba “inadmisibles” las declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que les acusó de “prevaricación”. “Una cosa es opinar y otra llamar prevaricador a un juez”, dijo Martín Pallín a este diario.

Edmundo Rodríguez aseveraba a su vez que “se puede y se deben criticar las resoluciones judiciales, lo que no parece razonable es descalificar a los miembros de un tribunal por su trayectoria, su forma de entender la vida, su religión o su pretendida afiliación política; ahí es donde está el límite”. Agregaba que “lo que está en cuestión es la decisión adoptada por el tribunal; ahora, descalificar a quien la adopta supone un exceso que no debiera admitirse”. No obstante, el magistrado se mostraba optimista al señalar que “los tribunales saben afrontar con tranquilidad esta situación porque su función es resistirse a los intentos de presión”.

Críticas de la Abogacía El juez emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín también dijo “compartir” las críticas que el Consejo General de la Abogacía Española vertió contra la operación Mate del 12 de enero, en la que la Guardia Civil detuvo a doce abogados de presos que, tras prestar declaración en la Audiencia Nacional, fueron puestos en libertad. El Consejo de la Abogacía denunció la “forma y la publicidad dada” a esos arrestos, que “han podido afectar al derecho de defensa, no solo de los detenidos, sino también de muchos de sus clientes”. Ello obedece a que el mismo día de la operación estaba previsto que comenzara un juicio contra dirigentes de la izquierda abertzale que tuvo que ser suspendido al encontrarse entre los arrestados tres letrados de 19 de los encausados.

Edmundo Rodríguez rechazaba por su parte que esta operación policial y el encarcelamiento de Santi Potros un mes después de ser puesto en libertad sean consecuencia de la coyuntura política actual o de supuestas presiones del Gobierno español. Instó a “no confundir unas cosas con otras”, ya que las competencias están, según él, perfectamente delimitadas: “las policías investigan los delitos, los que enjuician son los jueces, los que acusan son los fiscales o las acusaciones particulares, y luego la decisión judicial está siempre sujeta a control en los tribunales superiores”, señaló. En este sentido, el portavoz de JpD opinó que “descalificaciones a los tribunales existen desde que hay tribunales”, negando que “en estas últimas semanas se haya producido algo diferente a lo que haya podido tener lugar en décadas anteriores”.

Respecto a la decisión del CGPJ de no amparar a los tres magistrados de la AN que denunciaron las críticas vertidas por representantes del Gobierno español, la exvocal del órgano de gobierno de los jueces Margarita Robles opinó que “se ha perdido una oportunidad de proteger adecuadamente la independencia del poder judicial”. Toda vez que la resolución del CGPJ, adoptada el 27 de enero, calificaba de “exceso” las declaraciones de representantes del gabinete Rajoy, Robles admitía que el auto “también es duro con el Gobierno, es una llamada de atención importante a los poderes públicos”. “Pero lo procedente hubiera sido conceder el amparo con esa misma argumentación”, añadía.

Pese a “no compartir para nada la decisión del Consejo”, valoró que hay un aspecto positivo: que ante esas críticas políticas “se ha movido el Supremo, jueces de la AN y ocho vocales del CGPJ” que apoyaron conceder el amparo. “Hay que dejar que los jueces trabajen, y si no se está de acuerdo con lo que dictan, para eso está el sistema de recursos”, zanjó.