Madrid - Al calor de los atentados en Francia y de las operaciones contra el islamismo radical en el Estado español, Mariano Rajoy ultima ya su propuesta de pacto antiyihadista recabando las aportaciones del PSOE, aunque no podrá rascar mucho más del resto de la oposición. Fuentes del PNV en el Congreso adelantan a este diario que bajo ningún concepto firmarán el pacto, que podría presentarse a finales de esta semana; y avanzan que, cuando se vote su admisión a trámite en la Cámara Baja el próximo día 10, votarán en contra o se abstendrán.

Los jeltzales optaron en un primer momento por dar cierto margen al PP y apostaron por estudiar al detalle la propuesta pero, aunque aún desconocen ciertos puntos del proyecto, en las últimas horas ya se ha hecho prácticamente oficial que el pacto cruzará una línea roja marcada por el PNV: contemplará la prisión permanente revisable, aunque sin una mención expresa y con un circunloquio que remite al artículo 35 del Código Penal. Así habría quedado redactado tras acordarlo con el PSOE, que tampoco aprobaba esa pena pero que ha dado por buena esa redacción suavizada. Aunque debe bajar al detalle, ese punto ya “complica” en extremo el apoyo del PNV. Pero hay más.

Según las mismas fuentes, el pacto tendría un concepto muy amplio de las conductas que deberían ser tipificadas como terrorismo, y el PNV cree que genera inseguridad jurídica por su carácter “ambiguo”. Por ejemplo, según explican, el borrador entregado a los grupos recoge que los ataques contra recursos medioambientales, la Constitución española o “la comunidad internacional” serán considerados actos terroristas cuando tengan por finalidad intimidar a la población, a un colectivo social o profesional, o condicionar la labor pública. Si además de todo ello en esa acción resultara muerta una persona, el responsable podrá ser castigado con la prisión permanente revisable. Esa condena implica que el preso pase toda su vida en la cárcel a no ser que acredite que se ha reinsertado cuando se revise su situación penitenciaria, un recálculo que tendría lugar unos 25 años después de ingresar en la cárcel. Los jeltzales creen que la ley es ambigua y citan como ejemplo la confusión sembrada entre los grupos por una enmienda del PP que aludía al aborto. Ha sido corregida y, según esas fuentes, ahora se aclara que quien ocasione un aborto en contra de la voluntad de la mujer será considerado terrorista y pasará entre 15 y 20 años entre rejas. El PNV también alerta contra el delito por poseer información de páginas de internet yihadistas, ya que esa persona podría atesorarla como parte de una investigación o por curiosidad intelectual.

Además, PNV y CiU pidieron ayer que el ministro del Interior comparezca para que explique por qué las policías autonómicas no tienen acceso a las bases de datos internacionales contra el yihadismo. El PP rechazó la comparecencia y opinó que sería “irresponsable” que no se sumaran al pacto por el papel de las policías.