no pasa un día sin que algún representante del Gobierno español, con especial énfasis en el caso del ministro del Interior, deje su recado a las instancias judiciales. Todas en el mismo sentido, claro: hagan ustedes lo que queremos. ¿Y qué quieren? Pues básicamente que obren como si ETA siguiera matando, como si no existiera ningún otro problema en el país y que, además, no les importe ponerse colorados cien veces por ir contracorriente de los preceptos que marca la Unión Europea.

A estas alturas ya se han dado cuenta que acabada ETA las vergüenzas del Estado, antes disimuladas por la barbarie porque ahí estaba el foco puesto, van quedando al descubierto. No es anecdótico que aún nos parezca relativamente normal lo que no lo es: que sea el ministro del Interior y no el de Justicia el que continuamente esté hablando de temas judiciales. O que el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, acuse nada menos que de “beneficiar siempre a los etarras” a toda una sala de la Audiencia Nacional porque ha decidido aplicar un criterio distinto al que deseaba el Gobierno.

A los cargos del PP les pasaron en el manual que reciben diariamente un concepto erróneo de partida: que una “decisión” europea no es de cumplimiento obligatorio mientras no lo regule el Estado. No. No es así, pero a fuerza de repetirlo parece que la sociedad ya estaba suficientemente preparada para acoger esta decisión del Tribunal Supremo que va directamente en contra con el espíritu que emana de esa decisión europea de armonizar el cumplimiento de penas en cualquier Estado miembro de la Unión. Pese a ello, esa división con seis votos particulares augura que el Gobierno de Rajoy sólo está ganando tiempo gracias a este regalo del Tribunal Supremo. Volverá a llegar un tirón de orejas europeo. Al tiempo.

Para cuando el Supremo decidía, la Audiencia Nacional ya se había metido en otro charco que es a todas luces incomprensible, salvo que veamos detrás otra vez la mano del ministro. De todo lo que sabemos ahora de la llamada operación Mate (no se quejen después de otros juegos de palabras si son ellos los que los fabrican) lo más grave es que se han vulnerado de saque varios derechos sin que parece que vaya a haber rectificación.

Lo cuentan los propios compañeros de los abogados, muy especialmente los que nada tienen que ver con la ideología de los detenidos porque esa cuestión ahora es menor. De aquel “jaque” viene este “mate” anunciado y publicado. Tanto que seis de los ahora detenidos y cuyos nombres fueron filtrados a la prensa española se pusieron en contacto con su Colegio de Abogados y a través de él mostraron su disposición a comparecer en la Audiencia Nacional para aclarar los extremos que el instructor considerara necesarios.

Lo siguiente que han sabido es que les llevan esposados a primera hora de la mañana de un lunes, sus despachos registrados y, el colmo del despropósito, arrestar a tres letrados que esa misma mañana iban a cruzar la puerta de la misma Audiencia Nacional para ejercer su trabajo como letrados defensores en la causa contra integrantes de Batasuna, PCTV y ANV. Me pregunto con qué criterio ha autorizado el juez Velasco esta operación, sin riesgo alguno de fuga, con los abogados dispuestos a presentarse voluntariamente. ¿Se le ha olvidado que existe la llamada citación?

Luego está eso que parece un atraco en toda regla: la entrada en la sede de LAB, sindicato legal, para llevarse el dinero recaudado durante la manifestación, también legal, convocada por Sare. De momento, lo que parece es que la única ilegalidad es la que cometen los que se llevan las sacas y los que les mandan que se las echen al hombro. Esto, directamente, huele a prevaricación.

Todo en su conjunto nos obliga a preguntarnos qué es lo que busca el Gobierno español. Pues bien, sólo se me ocurre algo muy coyuntural que nada tiene que ver con la Justicia y menos aún con la lucha contra una ETA ya inactiva. El PP no quiere que se le vayan votos por la derecha y se lanza, con toda la artillería, para restar argumentos a la AVT que ha convocado una manifestación para acusarles de flojos.

Pero algo falla, porque la semana acababa con un nuevo dislate. Si no querían que habláramos de corrupción, toma taza y media. Nada menos que la propia Hacienda española es la que dice que el PP de Euskadi desvió fondos de aportaciones particulares (esto ya es raro) para la seguridad de sus cargos a pagar la hipoteca de su nueva sede en Bilbao. O sea, que hemos terminado, sin que ellos lo desearan, mezclando ETA y pufo. Si quieren que les diga la verdad, la noticia no me ha sorprendido. Vista la falta de escrúpulos que vienen demostrando sobre los derechos de los demás, ¿para qué iban a respetar el honor de los suyos?