Barcelona - El president catalán, Artur Mas, recurrió ayer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de investigarle por desobediencia en el 9-N, alegando que el Gobierno español y la Fiscalía “consintieron” la consulta alternativa al no forzar su prohibición “expresa” por parte del Tribunal Constitucional. El líder de CiU, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, presentaron recursos de súplica ante la sala civil y penal del TSJC contra su decisión de admitir a trámite las querellas, ante los indicios de que desobedecieron al TC al mantener la consulta.

En sus recursos, los miembros del Govern aducen que no existió “un mandato expreso, concreto y terminante” del TC que prohibiera la consulta alternativa, pese a que este dictó el 4 de noviembre una providencia suspendiendo cautelarmente el proceso participativo, como es preceptivo siempre que el Gobierno interpone recurso.

Esgrimen además los argumentos aducidos por la Junta de Fiscales del TSJC, que se opuso por unanimidad a la presentación de una querella por el 9-N, si bien el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce impuso finalmente su tesis con el apoyo de la Junta de Fiscales de Sala y forzó la presentación de la denuncia.

Las defensas recuerdan que la resolución del Constitucional no iba acompañada de una advertencia expresa de que podría incurrirse en desobediencia si se incumplía su resolución, sin que se instara por tanto “un incidente de ejecución con la finalidad de lograr el cumplimiento efectivo de la providencia citada”. - Efe