Bilbao - Los papeles de Bárcenas siguen atormentando al PP vasco, que ve como diferentes investigaciones dan por buenos los apuntes del extesorero del Partido Popular que revelaban que la sede de la formación en Bilbao fue pagada con dinero negro. Primero fue un auto judicial del juez Pablo Ruz basado en un informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Ahora, expertos del Ministerio de Hacienda han revelado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que se creó una cuenta B para el pago de la sede de Bilbao nutrida en parte por las donaciones recibidas por el PP para sufragar los gastos de seguridad privada de los concejales y otros cargos públicos de la formación en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa, que por entonces sufrían la amenaza y la violencia de ETA.

Según recogió ayer la publicación digital Vozpópuli.com, el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es así como se llama el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, fue elaborado hace casi un año, en febrero de 2014, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía investigar algunos documentos entregados Bárcenas al juez Ruz, al sospechar que se habían podido producir diversas irregularidades en la adquisición de la sede del PP de Bilbao, irregularidades de las que siempre ha negado tener conocimiento la actual dirección del PP vasco, encabezada por Arantza Quiroga. El informe, al parecer, no habría sido remitido por Anticorrupción al magistrado hasta hace unas semanas, aunque ya estaría incorporado al sumario del caso de los papeles de Bárcenas.

En dicho dossier se detalla, siempre según la publicación digital, cómo el PP habría pagado parte de la hipoteca con fondos de una contabilidad paralela llamada Sede Vizcaya, que presuntamente se habría nutrido de una cuenta de donativos que el partido tuvo abierta entre 1998 y 2005 para dotar de seguridad privada a sus cargos públicos en Euskal Herria en plena ofensiva de ETA.

El informe de Hacienda no se queda aquí, ya que también señala que se produjeron al menos once transferencias sospechosas que no se registraron en la contabilidad oficial del PP y de las que tampoco hay “justificante documental”.

Bárcenas detalló en su declaración de julio de 2013 ante el magistrado que durante años -especialmente durante las dos legislaturas de José María Aznar en la Moncloa, de 1996 a 2004- el partido tuvo “mucho dinero” y que él en persona se encargaba de hacer desde Madrid las transferencias al partido en la CAV para que este hiciera frente a la hipoteca contraída en 1999 por el PP vasco con el Banco Popular para comprar y rehabilitar un piso en la Gran Vía de Bilbao, con el objeto de convertirlo en su sede en Euskadi. La hipoteca se elevó a 210 millones de pesetas (1,2 millones de euros), que se terminó de liquidar en 2011. El PP vasco siempre ha dicho que el pago de las amortizaciones siempre se realizó por cauces legales.

En el informe dado a conocer por Vozpópuli.com, los expertos de Hacienda confirman informaciones ya recogidas en el auto del juez Ruz y otras nuevas. Detallan en concreto que la documentación entregada por el extesorero confirma la existencia de una contabilidad manuscrita “similar” a la de los papeles de Bárcenas, pero al margen de la misma, que fue bautizada como Sede Vizcaya, y supuestamente destinada a recoger el dinero para amortizar la hipoteca. “El primer apunte de esta contabilidad es del 11 de noviembre de 1999 y se trata de una entrega de 6.370.000 pesetas (38.284 euros); el último, de noviembre de 2005, es una entrega mayo de 12.000 euros”.

cuestación Desde 1999 a 2004 el presidente del PP en la CAV fue el actual eurodiputado Carlos Iturgaiz, mientras que desde 2004 a 2008 la máxima responsable de la formación era María San Gil, ahora alejada del PP.

Aunque en el auto de Ruz se establecía que una de las personas que efectuó entregas por valor de 36.000 euros fue Emilio Álvarez López, directivo del Grupo Bruesa, la IGAE cree -según afirma la publicación digital- que la cuenta Sede Vizcaya se nutrió básicamente de aportaciones anónimas en dos “cuentas de ingresos por donativos” abiertas por el PP en bancos de Madrid. Una de ellas tenía como objeto recoger fondos para costear los escoltas que en aquellos años el partido puso a sus cargos públicos en Euskal Herria por la amenaza de ETA. Dicha cuenta, denominada de “donativos de seguridad anónimos”, fue creada en enero de 1998, cuando la dirección estatal del PP acordó abrir una cuenta corriente “específica y finalista” con objeto de recaudar fondos entre particulares y empresas que desearan contribuir a la seguridad de los cargos públicos amenazados. Se mantuvo operativa hasta febrero de 2005, siete años que coincidieron prácticamente con el periodo que el PP estuvo pagando la hipoteca de su sede de Bilbao.

Como en ocasiones anteriores, fuentes oficiales del PP de la CAV consultadas por este diario volvieron a negar con rotundidad que “la actual dirección y la anterior” -la que presidió Antonio Basagoiti- tengan “conocimiento ni responsabilidad” en ninguna irregularidad en el caso de que estas hayan sido ciertas el las épocas de Iturgaiz y San Gil, y reclamaron que “se depuren cuanto antes las responsabilidades y se determine quiénes son los culpables y qué hicieron en caso de que algo de todo esto sea cierto”. Tras asegurar que el PP ya ha hecho pública toda la contabilidad de la época que esta en su poder, fuentes populares recordaron que la sede de Bilbao tuvo que ser acondicionada con medidas de seguridad excepcionales en plena ofensiva de ETA. - DNA