por si fuera poco el carácter autoritario que históricamente ha ostentado toda ideología española de derechas, al Partido Popular hay que sumarle la arrogancia que le aporta su mayoría absoluta en las principales instituciones del Estado. Y desde que el sociólogo Pedro Arriola encandiló a José María Aznar y Jaime Mayor con su tesis de utilizar el terrorismo de ETA para provecho electoral, los gobiernos del PP y los principales dirigentes de ese partido han considerado que para la revancha contra lo que denominan “el mundo de ETA” vale todo y cualquier desafuero les será perdonado por “las víctimas”, esa amalgama de dolores, emociones, intereses y beneficios que valoran como caladero de votos.
En este recorrido triunfal el Gobierno del PP, en demasiadas ocasiones apoyado por el PSOE, ha mangoneado la administración de Justicia logrando la sumisión de los magistrados a una legislación arbitraria y excepcional. Y no le ha ido mal para sus intereses, hasta que a los legisladores se les fue la mano y a los jueces se les fue el acatamiento.
El Estado español decidió persistir en su política de venganza aun después de que ETA pusiera fin a su violencia armada, prolongando las antiguas medidas de castigo que ya venían contradiciendo el espíritu de su propia Constitución y los principios básicos de la legislación penitenciaria. La insumisión de los gobiernos españoles al carácter de reinserción social objeto del cumplimiento de las penas, sigue sin ningún cambio como si no hubiese ocurrido nada y mantiene la dispersión de los presos con una crueldad ejercida contra ellos y sus familias únicamente basado en la venganza y en la codicia electoral.
Se les fue tanto la mano en sus desafueros legislativos y en sus abusos penitenciarios, que -aunque demasiado tarde y tras demasiados atropellos- la arbitraria justicia española ha recibido repetidos guantazos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con gran sonrojo de los profesionales de la Justicia española que se han visto obligados a rectificar.
La normativa europea, tanto en la práctica legislativa como en la penitenciaria, es de obligado cumplimiento para los países miembros y España hoy por hoy lo es. Sin embargo, cuando desde Estrasburgo se les quita la razón, los gobernantes españoles remolonean, desacatan y se resisten a cumplir la ley. Ocurrió cuando el Tribunal Europeo estableció que la denominada doctrina Parot era una tropelía, y el PP con sus medios de comunicación acólitos propagaron que el cumplimiento de esa sentencia crearía una insoportable alarma social y un intolerable agravio a las víctimas. Así, las excarcelaciones derivadas de la sentencia fueron diferidas, ocultadas, casi arrancadas, entre protestas y rasgamiento de vestiduras.
En esa línea de desacato a la legislación que le es adversa, el Estado español se está resistiendo a aceptar la normativa también europea que contabiliza el tiempo de condena cumplido en cualquier país de la UE a efectos de la pena total impuesta. El Estado español y el partido que lo sustenta se han declarado implícitamente insumisos y están ejerciendo una presión inmoral sobre los jueces que deben aplicar esa normativa, hasta el punto que buena parte de los magistrados están denunciando la coacción.
El PP ha venido teniendo por norma el respeto a la ley, lógicamente, cuando la ley le era favorable. Pero en cuanto esa ley se le vuelve adversa, utiliza las más altas instancias para presionar a los jueces que se limitan a cumplirla, y no se priva de recurrir a la salida de tono, al exabrupto o a la maledicencia. Ese disparate del portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que no se explica cómo puede haber jueces que interpretan una doctrina judicial “de forma siempre favorable a los terroristas”, revela el empeño del Gobierno español por controlar la justicia a su favor y el titubeo de algunos jueces por ejercer con independencia.
Esta insumisión del Estado español ante la ley y ante su interpretación no vindicativa es la que mantiene en toda su crudeza la política penitenciaria que dispersa a los presos en cárceles alejadas de su ambiente familiar y social, la que persiste en sus tribunales de excepción y la paralización del proceso de paz tan reivindicado en este país.
Precisamente ayer volvió a repetirse la expresión masiva de rechazo a esa política de crueldad y venganza. La manifestación de Bilbao, un clásico, llevó un año más a las calles ese clamor a pesar de que está más que probada la sordera del Gobierno español ante este tipo de reivindicaciones. Aunque es sabido que este clamor multitudinario no va a doblegar el espíritu de revancha de Madrid, al menos sirve a la izquierda abertzale para mostrar músculo y cohesionar a sus bases. Un año más.
