El Tribunal de Cuentasha empezado el año con mucho brío e hiperactividad. De una parte, el fiscal jefe de esta institución, Olayo González Soler, ha disparado las alarmas en las sedes de los grandes partidos del Estado con su informe preliminar en el que les endosa delitos e irregularidades graves en sus contabilidades. De otra, el tribunal ha sonrojado a varias formaciones políticas con su informe de fiscalización sobre lo gastado por ellas en las elecciones europeas de mayo del año pasado y en el que constata las deudas millonarias contraídas para hacer frente a la contienda electoral. Sin embargo, este organismo organismo encargado de fiscalizar si el dinero de las Administraciones y los partidos políticos son gastados y distribuidos de acuerdo con la legalidad tiene serios problemas de credibilidad por su limitada eficacia en su labor fiscalizadora y por los muchos lazos parentescos entre buena parte de su plantilla.

Esposas, cuñados, primos, concuñadas, hermanos, sobrinos, hijos, nueras y yernos, primos carnales, parejas sentimentales, hermanas de parejas sentimentales... la consanguineidad dentro de la institución es asombrosa, lo cual lleva a sospechar de cómo se ha accedido a estos puestos. El 14% de la plantilla tiene vínculos familiares dentro de la institución y cerca del 10% tienen vinculaciones con altos y medios cargos. Los escalones medios e inferiores están ocupados por funcionarios, sujetos al Estatuto de la Función Pública, y los trabajadores laborales fijos, al Estatuto de los Trabajadores.

Los dos últimos presidentes del comité de empresa acumulan 17 allegados de una plantilla que roza los 650 puestos de trabajo. Casi un centenar de trabajadores son familiares de altos y ex altos cargos de la institución y de sus principales representantes sindicales. El propio presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, tiene en plantilla a su concuñada y a un sobrino. También es llamativo el caso del presidente del comité de empresa, Alberto Otero, de UGT, que tiene a su hijo, una hermana, un hermano, dos cuñados y un primo trabajando bajo el mismo pabellón.

Desde el Tribunal de Cuentas aseguran que solo se consigue acceder a una plaza tras “una oposición libre y abierta”. Pero este organismo no ha logrado librarse de las sospechas de enchufismo y amaño de plazas en favor de algunos aspirantes, concretamente de los familiares y amigos de los que están dentro. Su presidente pretende cambiar a los examinadores para que estos sean mayoritariamente ajenos a la institución, como ocurre actualmente

Preguntado por esta cuestión en junio del año pasado, Álvarez de Miranda subrayó que “es cierto que existen familiares que trabajan en la institución, pero hay que tener en cuenta que, por lo general, se trata de personas que llevan muchos años prestando sus servicios, de manera ejemplar, y que no pueden verse señalados por un vínculo familiar que no tiene nada que ver con un supuesto enchufismo o amiguismo”, Este nepotismo lastra la credibilidad de este organismo y su independencia y transparencia en su labor fiscalizadora.

cuotas de partidos Pero no es esté el único problema de este órganismo auditor que en demasiadas ocasiones ha llegado tarde para avisar a tiempo de las irregularidades en las cuentas públicas, y al que le ha pasado por delante sin enterarse escándalos mayúsculos como el de las dobles contabilidades y otros desaguisados en los casos Bárcenas o Gürtel.

Los doce consejeros del Tribunal de Cuentas son elegidos por las Cortes Generales a propuesta de los partidos políticos: siete han sido nombrados por el PP y cinco por el PSOE, uno de ellos consensuado con IU. Es un problema endémico del sistema político-institucional español en el que los miembros de muchos organismos públicos significativos (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional...) emanan de negociaciones entre partidos marcadas por sus intereses políticos.