Madrid - El Gobierno español desveló ayer cuál es su apuesta para ocupar la Fiscalía General en sustitución de Eduardo Torres-Dulce, quien dimitió anteayer por motivos personales aunque a nadie escapaban sus discrepancias con el PP por su postura ante el caso Bárcenas, entre otros debates. La escogida por el gabinete de Rajoy ha sido Consuelo Madrigal, fiscal de menores y experta en derecho penal, a quien se le atribuye un perfil muy conservador, aunque más bien en materia religiosa, ya que desde otros ámbitos se subrayó ayer su escaso perfil político. Su designación recabó ayer el aplauso de las asociación progresista de fiscales y también de la conservadora, se resalta su perfil técnico y muy discreto, y su faceta profesional. En ese sentido, la perfilan como una fiscal muy preparada, que se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1978 con la calificación de sobresaliente. De ratificarse su nombramiento -el Consejo General del Poder Judicial examinará el lunes si cumple los requisitos y el 8 de enero comparecerá en el Congreso-, se convertirá en la primera fiscal mujer en la centenaria historia de la Fiscalía estatal.

Ha pasado inadvertida pese a su dilatada trayectoria y se le atribuye un carácter conciliador. Así se reflejó ayer desde distintos ámbitos, una lectura que podría ayudar al Gobierno español a sacudirse la acusación de injerencias en la justicia y de no respetar la división de poderes. Además, su perfil técnico y extremadamente discreto podría ahorrarle a Moncloa los roces que sí tuvo con Torres-Dulce. En principio, Madrigal solo ocupará su cargo un año, hasta la marcha de Rajoy, pero le corresponderá gestionar asuntos muy espinosos: el Tribunal Superior Catalán decidirá el lunes si admite a trámite la querella de la Fiscalía contra el president Artur Mas por organizar la consulta del 9 de noviembre y, si prospera la denuncia, Madrigal deberá seguir fijando la postura de la Fiscalía. También deberá gestionar la patata caliente del caso Gürtel, cuyo juicio oral arrancará el próximo año. Madrigal también fue fiscal del Tribunal Supremo, y desde ese puesto llevó casos relacionados con Arnaldo Otegi o el jefe de ETA Josu Ternera.

Moncloa se defiende La vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, se defendió ayer de las críticas del Supremo, que vio injerencia del Gobierno español para detener la excarcelación de presos de ETA. Aseguró que su gabinete solo ha ejercido la “libertad de expresión” para expresar su “extrañeza” ante las contradictorias decisiones de la Audiencia Nacional.