madrid - “Ha sido un portazo al Gobierno”. Así resumió ayer a este diario el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, su valoración sobre la renuncia al cargo del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. Calparsoro aseguró que la noticia le había sorprendido ya que en la última reunión de fiscales Torres-Dulce no dejó entrever que iba a tomar esta decisión. “En la reunión de la Junta de Fiscales que tuvimos el pasado martes no dijo nada. Se comportó de una manera absolutamente normal e incluso se habló de varios proyectos de futuro. Sí es cierto que la decisión es personal. El suyo es un cargo blindado, por decirlo de alguna manera, ya que no puede ser cesado, así que la decisión de dejarlo es personal e intransferible. Sin embargo, creo que en el fondo subyace que haya podido tener desencuentros con el Gobierno español. Resulta claro que, a falta de diez meses para concluir su mandato, había un cierto hartazgo debido a esas discrepancias, y ha decidido dar un portazo al Gobierno y dejarlo”, razonó Calparsoro al respecto.

Aunque fue nombrado a propuesta del Ejecutivo de Rajoy, el fiscal vasco defendió la independencia que ha mantenido Torres-Dulce como fiscal general del Estado. “Ha sido un hombre muy celoso de su independencia y ha reivindicado su no sujeción al Gobierno”, señaló. Una independencia que le ha llevado a mantener discrepancias como en el asunto catalán. “Creo que le molestaron mucho algunas declaraciones de políticos en las que se daba ya por hecho que se iba a presentar una querella contra Mas y en qué sentido iba a ser esa querella. Realizó declaraciones en las que dejó claro que nadie debe marcar los tiempos en la judicatura. Fue algo que le molestó realmente”, valoró Calparsoro, quien recordó, además, que Torres-Dulce sí era partidario de presentar la querella “pero no de que le marcaran los tiempos para ello”.

Sobre la carta de los magistrados del Tribunal Supremo en la que se quejan de las injerencias del Ejecutivo de Rajoy sobre el debate del cómputo de penas, Calparsoro defiende la independencia del poder judicial. “Hay una separación de poderes y, aunque es evidente que los magistrados tienen cada uno su propia sensibilidad, hay que dejarles trabajar”, afirmó.

Respeto a la decisión Por su parte, Pablo Llarena, presidente y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), calificó como “un ejemplo de independencia y profesionalidad” la labor de Torres-Dulce como fiscal general del Estado. En declaraciones a este medio, Llarena avaló las razones que esgrimió el fiscal general para tomar su decisión. “Ha alegado motivos personales para ello y así lo debemos entender. Es un cargo del que no puede ser cesado, aunque haya discrepancias con el Ejecutivo, por lo que su decisión es totalmente personal”.

Con respecto a la carta suscrita por trece magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo denunciado injerencias del Ejecutivo del PP, Llarena respeta esta decisión como la de aquellos otros que no han firmado la misiva. “Hay unos jueces que han firmado la carta y otros, sin embargo, que han mantenido silencio. Respeto la postura de unos y otros”, afirmó Llarena, quien reconoce que “el tema del terrorismo es algo que todavía está a flor de piel”. Por ello, y en referencia a las palabras del ministro del Interior, el presidente de la APM aseguró que “lo mejor es no realizar esas afirmaciones tan contundentes y dejar trabajar a los jueces”.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, acusó al Gobierno del PP de “faltar al respeto” a la división de poderes tras la dimisión de Torres-Dulce. En su opinión, la salida del fiscal evidencia una clara “interferencia” del poder político en el judicial tras los “desencuentros” y “enfrentamientos” exhibidos en distintos asuntos, especialmente tras el proceso participativo del pasado 9-N. “Que existan discrepancias es legítimo pero no las intrusiones”, advirtió Bosch, para quien la decisión de Torres-Dulce es otra muestra de las dificultades que ha experimentado para actuar con autonomía. “Esperamos que el próximo nombramiento se realice con rigor profesional y que el Ejecutivo no continúe erosionando las instituciones”, apuntó.