madrid - Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no han recibido de buen grado las declaraciones realizadas tanto por el ministro español de Justicia, Rafael Catalá, como por la vicepresidenta del Ejecutivo del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que ambos cuestionaban la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a Santiago Arrospide y Alberto Plazaola al computarles los años de prisión en cárceles francesas que pasaron ambos. Catalá, además de poner en cuestión esta decisión de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, afirmó que en la reunión que celebra hoy el Pleno de la Sala de lo Penal del Supremo debe establecer doctrina general contraria a la libertad de los dos expresos de ETA. A juicio de los magistrados del alto tribunal las palabras de ambos miembros del gabinete español suponen una “injerencia incómoda” del Ejecutivo del PP con respecto a la postura que debe adoptar el Supremo.
El Pleno del alto tribunal estudiará hoy si la aplicación de una decisión marco de la Comisión Europea adoptada en 2008 sobre descuento de penas cumplidas en otros países de la UE puede conducir o no a la excarcelación de determinados presos. En concreto, tienen sobre la mesa el recurso presentado por la defensa de Kepa Pikabea, preso acogido a la vía Nanclares, por lo que no se decidirá con respecto a las recientes excarcelaciones de Arrospide y Plazaola. Según señalaron a Efe varios magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, el caso de Pikabea es distinto al de los otros dos reclusos ya puestos en libertad. Así, el Supremo debe decidir hoy una cuestión previa: si su decisión sobre Kepa Pikabea puede servir para una doctrina general respecto a este asunto o si resulta preferible esperar a que el fiscal recurra los casos de Arrospide y otros similares para resolver respecto a ellos.
Estos magistrados apuntan que el Pleno de la Sala de lo Penal deberá decidir tres cuestiones. La primera, la citada sobre si el caso de Pikabea puede tomarse como base para una doctrina sobre cómo interpretar la norma europea a la luz de una ley española que es posterior al caso concreto de este preso de ETA. A este respecto la sala está dividida, pero incluso si decidiera asumir este ejemplo para una doctrina general, habría que ver cómo se resuelve el fondo del asunto, pues aún habría que establecer si se puede aplicar con efectos retroactivos la ley española.
Además, los magistrados deberían estudiar si la norma española entra en colisión con la normativa europea, pues en principio esta segunda tiene preeminencia sobre la primera, dicen los citados magistrados, que apuntan en este sentido que, incluso si entraran sobre el fondo del asunto, hay división también sobre el sentido del fallo.
Salud democrática En este contexto, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, considera que, en la actualidad, “está en juego el prestigio y la salud democrática del Estado español” en lo que respecta al tema del cómputo de las penas cumplidas por presos de ETA en otros países de la UE. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Fernández recordó que “hay una directiva europea que promueve que, cuando un preso ha cumplido años de condena en un país de la Unión Europea, pueda terminar de cumplir su condena en España y que, además, cuando los delitos tienen relación, los años de condena cumplidos en un país europeo se computen en tu propio país”. En este sentido, aseguró que el Estado español “tiene que trasponer esta directiva a la legislación española”.
Jonan Fernández recordó las maniobras llevadas a cabo por el PP que, amparándose en su mayoría, trata de impedir que la directiva europea se pueda llevar a efecto. “Este tipo de prácticas no son normales ni aceptables. Tiene que haber una separación de poderes y respeto al papel de los tribunales”, afirmó el secretario del Paz y Convivencia, a quien, además, también le consta el malestar de los jueces por lo que se considera una injerencia del Ejecutivo del PP en su ámbito.
