MADRID - La defensa de la infanta Cristina consignó ayer los 587.413 euros que le reclamaba la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos. La hermana del rey Felipe VI presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, en cuya cuenta judicial efectuó el ingreso en concepto de consignación ad cautelam -de forma cautelar- de la responsabilidad civil exigida.

Sin embargo, el hecho de que haya abonado el dinero no le exime de los dos delitos fiscales que pesan sobre ella. De hecho, el juez José Castro deberá decidir en su auto de apertura de juicio oral si envía a la infanta al banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de ambos delitos y, de forma independiente, si le impone la cantidad que supuestamente ayudó a defraudar, a la que, con el pago de ayer, ya habrá hecho frente cautelarmente.

La cantidad responde, en concreto, al supuesto fraude del que se benefició a través de Aizoon, empresa propiedad al 50 por ciento del matrimonio y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos. Con su sociedad, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de los ejercicios 2007 y 2008. En este sentido, Anticorrupción sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, si bien señala que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido defraudó a Hacienda a través de la anterior mercantil pantalla.

De hecho, el fiscal Pedro Horrach se amparó para solicitar la fianza en el artículo 122 del Código Penal, que establece que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación”.

Pena de cárcel Para Manos Limpias, única acusación que pide pena de cárcel para la infanta, el papel de ésta fue imprescindible para que su esposo pudiera defraudar a la Agencia Tributaria fracturando a través de Aizoon, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de las entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos a Hacienda. El sindicato justifica su petición de ocho años de prisión afirmando que la hermana del rey incurrió en la agravante de interponer una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. - E.P.