Las víctimas toman la palabra ante el reto de la convivencia

El año que ETA acabó con la vida del ex diputado general de Álava, Fernando Buesa, comenzó el juicio por el crimen de Joxi Zabala, miembro de la banda terrorista secuestrado, torturado y asesinado en el letal bautismo del GAL. Pero con el paso de los años esta coincidencia ha quedado relegada a mera anécdota, cuando el verdadero hilo conductor entre ambas familias ha sido la apuesta conjunta por enterrar la violencia, en todas sus vertientes, y sembrar el germen de la convivencia entre las nuevas generaciones.

Marta Buesa y Pili Zabala son dos de las víctimas educadoras que integran el programa Adi-adian de testimonios en las aulas. Junto al resto de sus compañeros, el pasado miércoles recibieron de manos del lehendakari el premio René Cassin de Derechos Humanos, el máximo galardón vasco que reconoce el trabajo realizado en este ámbito a lo largo del año. En palabras de Iñigo Urkullu, la distinción es fruto del “ejemplo” y la “empatía” demostrada por estas víctimas a la hora de transformar una experiencia dramática en la oportunidad de colaborar con un nuevo tiempo, un camino difícil de desbrozar que la hija de Fernando Buesa y la hermana de Joxi Zabala describen, acompañadas por la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Monika Hernando, para DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA.

Pili tenía quince años cuando en octubre de 1983 “unos señores” llegaron a su casa de Tolosa para informarles de que su hermano Joxi había desaparecido. Tras cuatro días de silencio, gendarmes franceses detuvieron a cuatro Geos españoles por intentar raptar a “otro refugiado en Baiona”. El secuestro de Segundo Marey, éste sí reivindicado por el denominado Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL), terminó por hacer saltar todas las alarmas en casa de los Zabala.

Dolor, drama y la impotencia de ni siquiera tener un cadáver al que llorar marcaron los siguientes años en la vida de esta profesora guipuzcoana y lo suyos, que veían con rabia reportajes en TVE sobre los desaparecidos en Chile y Argentina, sin que el caso de su hermano tuviera ningún reflejo mediático en este canal. Y, además, su ausencia en las manifestaciones de la izquierda abertzale tampoco pasaban desapercibidas para los simpatizantes de esta corriente que afeaban la conducta de los Zabala. “Tenía claro que no iba a ir una concentración para gritar ‘gora ETA’”, apunta Pili. Tuvieron que esperar hasta 1995 para que una llamada les desvelara que los restos mortales de Lasa y Zabala habían sido identificados en la localidad alicantina de Busot.

Desde la fría perspectiva que ofrece el paso de los años, recuerda que entonces solo obtuvieron el aislado apoyo de la izquierda abertzale, un respalo “necesario” pero que para Pili no era suficiente, entre otras cosas porque desde esa corriente política no se defendía la condena de todas las violencias que anhelaban en el hogar de los Zabala. Por parte de las instituciones, el silencio fue absoluto. “Veías cómo en otros asesinatos había un apoyo que nosotros no tuvimos; nos dejaron solos en el momento en el que más necesitábamos ayuda”, recuerda.

Ese vacío también lo padecieron “por una parte de la sociedad vasca” en la familia Buesa. Marta recuerda la sensación “irreal de libertad” con la que vivían a principios del año 2000 después de la tregua. Su padre, destacado dirigente socialista que presidió la Diputación Foral de Álava y fue parlamentario vasco, había estado “en el punto de mira” de la banda terrorista en repetidas ocasiones hasta que el 22 de febrero fue asesinado junto a su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. “Tu cabeza te dice que sí, pero no te lo quieres creer; lo asumí cuando hablé con mi hermano por teléfono”, rememora.

Con un “desgarro que te tira desde dentro” sobrevivieron los días siguientes al atentado rodeados de allegados pero “sin salir de una burbuja”. Reconoce que el apoyo institucional y el apoyo social fue “grande”, pese a insistir en que lamentaron el silencio de una parte de la ciudadanía “que sigue apartada”.

Ante las disputas generadas por la equiparación de las víctimas, según quien sea el victimario, Marta y Pili tienen la convicción de que el plano en el que se debe abordar esta realidad no es otro que el humano, un nivel “donde no hay distancias”, comparten. Desde esta punto de partida afrontaron la misión propuesta por la Secretaria general del Paz y Convivencia para trasladar su vivencia personal a las aulas. En este apartado, la directora de Derechos Humanos del Ejecutivo autonómico, Monika Hernando, destaca la importancia de esta aportación porque “clarifica, pero también porque supone prevención de cara al futuro; escucharles a estas personas hablar de la necesidad de deslegitimar la violencia es lo más pedagógico”, añade. En opinión de Hernando, tenemos que mirar al pasado “con una mirada crítica o autocrítica, algunos en mayor medida que otros, pero sobre todo tenemos que escuchar y aprender”.

La directora de Derechos Humanos apuesta por un “abordaje” en el que la violencia de ETA o la ejercida por el Estado tenga su valoración específica, “pero ahora estamos hablando del abordaje de las víctimas, y ahí sí que defendemos la verdad, justicia y reparación para todas por igual”.

Las palabras de Hernando devuelven a la mesa la sombra de la equiparación, un caballo de batalla vigente que esta misma semana ha provocado la ausencia de dos fuerzas parlamentarias vascas, PP y UPyD, de la entrega del premio René Cassin celebrada en Lehendakaritza.

Detrás de esta disputa, Marta y Pili ven los “prejuicios” que tanto protagonismo han tenido en la escena política y social vasca a lo largo de las últimas décadas. “Por la viviencia que tú has tenido te catalogan de una determinada manera, pero nadie me va a decir cómo tengo que ser yo; intentaré ser mejor persona, eso sí”, afirma Zabala.

“Si te hablan de equiparación, se están fijando en las víctimarios y nosotros nos fijamos en la víctima”, añade Hernando. En este punto, la tónica es la misma en el mensaje de Marta, quien asevera que “en lo que decimos no hay ninguna diferencia; son las bases, el inicio de un proceso que tenemos que construir y que va a ser largo”.

La importancia que desde algunas esferas se otorga a la identidad de los victimarios no existe en las aulas. Ajenos a prejuicios y doctrinas políticas, los jóvenes que escuchan los testimonios de Pili y Marta tienen otras curiosidades. “A mí me suelen preguntar si hubiera preferido que existiera la pena de muerte o qué haría si se me encuentro con los asesinos”, relata Buesa. Ante estas cuestiones, la joven abogada vitoriana suele repetir que son cuatro las personas juzgadas y condenadas por la muerte de su padre, pero ni siquiera está segura de recordar el nombre de todas ellas. “Ha sido una parte de esta historia que no me ha interesado en absoluto; a mí me vale que cumplan condena y confío en las instituciones”, apostilla. Por eso sorprende a los alumnos cuando les asegura que quizá algún día esté frente a los asesinos de su progenitor y ni siquiera llegue a reconocerlos. Lo que tiene claro es que de tener la oportunidad de hablar con ellos les propondría que “escucharan el dolor que existe; así empiezas a cuestionarte muchas cosas y puedes llegar a pensar que en ciertas cosas te has equivocado”.

Las preguntas sobre la pena de muerte son otra constante en las clases. Ante las reiteradas preguntas, Marta muestra su rechazo a este castigo y aboga por “una reflexión necesaria” que vaya ligada a la condena impuesta por los tribunales. “Eso tiene que mover por dentro y tiene que ser doloroso, pero también valioso”, considera.

A diferencia de Marta, Pili conoce muy bien la identidad de los que acabaron con la vida de su hermano. Durante cuatro meses los tuvo a escasos metros en el juicio celebrado en la Audiencia Nacional y así lo traslada a los jóvenes estudiantes que han tenido la oportunidad de escuchar su testimonio. “Siempre quise saber quiénes eran, quería saber quién puede aceptar ese trabajo, porque no hay que olvidar que era una acción planificada”.

Al igual que la hija mayor de la familia Buesa, Zabala también cree en el “camino del retorno” para los condenados que cumplen su pena. Hay recuerdos, como aquella imagen del ministro Belloch colocando en su ascenso el fajín de general a un Galindo ya imputado, que todavía agitan a Zabala por dentro, pero aún así aplaude la existencia “de una segunda oportunidad para todos”.

Esta visión no significa que vaya aparejado un perdón. Es más, ambas diferencian entre la petición de perdón por parte de los víctimarios y la concesión, si así lo consideran, a cargo de las víctimas. Marta detalla en su explicación sobre esta cuestión “lo valioso” que resulta para ella que una persona que ha infligido daño haya llegado a la convicción de que necesita reaccionar así. Ahora bien, asegura que pese a los casi quince años transcurridos desde el asesinato de su padre no puede pedir perdón porque eso supondría “hacer borrón y cuenta nueva”. Eso no es óbice, añade Buesa, para que pueda vivir “sin odio ni rencor y de una manera sana”.

En el caso de Pili, antes de llegar al perdón establece una escala de prioridades que está encabezada por el cumplimiento de todos los derechos que como víctimas les deben asistir: “verdad, justicia y reparación”. A partir de ahí, el perdón también debe ir acompañado de hechos que, en el caso de los asesinos, permitan ofrecer toda la información para colaborar con la Justicia. “A mí no me han pedido perdón y no se cómo reaccionaría”, sostiene.

Hernando, por su parte, considera que este aspecto es “bilateral e individual”, por lo que cada víctima tiene el derecho de optar por la decisión que estime oportuna. Sin embargo, si hace hincapié en la necesidad de una “revisión autocrítica” del pasado para que la construcción de la convivencia no se limite a no vulnerar más derechos en el futuro, sino que también recoja que “lo que se hizo estuvo mal”.

En ese camino estarán Pili, Marta y las demás víctimas de la violencia que seguirán aportando su testimonio en los centros de enseñanza de Euskadi. “Si hay algo más que podamos hacer para que no se repita lo que ocurrió en el pasado, adelante”. Ejemplo y empatía.

Después de muchos años de silencio, en gran medida autoimpuesto, la emoción ya no impide a Pili Zabala contar cómo vivió la desaparición y el asesinato de su hermano. Ahora solo piensa en aportar en la construcción de la convivencia.

El Gobierno Vasco expondrá este viernes el balance del programa de testimonios en las aulas, mensajes que según la directora de Derechos Humanos suponen una labor de prevención con marcado carácter pedagógico.

La llamada del Gobierno Vasco para participar en el programa Adi-adian permitió a Marta Buesa tomar parte en algo “en lo que creo” para impedir que hechos dramáticos como el asesinato de su padre vuelven a ocurrir.