GASTEIZ - El Gobierno Vasco emplazó ayer al Ministerio del Interior a colaborar en la investigación impulsada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu para esclarecer los atentados cometidos en el Estado español por grupos terroristas, apelando a un “trabajo compartido” para contribuir al derecho de reparación de todas las víctimas. Interpelado en el pleno de control de la Cámara vasca por UPyD sobre el informe que cifra en 220 el número de atentados sin “sentencia esclarecedora”, sobreseídos y archivados -197 perpetrados por ETA y el resto por el GAL, el Batallón Vasco Español y grupos similares-, y que, a juicio del líder magenta, Gorka Maneiro, resulta deficiente porque no tiene en cuenta aquellos en los que existe una sentencia pero ésta no aclara por completo lo ocurrido ni identifica a todos sus autores; el lehendakari replicó que el estudio se elaboró pese a la “nula colaboración” de las instituciones españolas, además de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, a la hora de aportar datos, amén de tratarse de una iniciativa “abierta” que posteriormente pudiera ser completada o mejorada.

“Ojalá que con esas instituciones con las que no se ha podido trabajar se pueda hacerlo en el futuro”, instó el líder jeltzale, quien prefirió no pensar en que detrás de esos recelos se encuentre una “animadversión” contra el secretario de Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, porque eso supondría tanto como decir que ese prejuicio es para con él mismo o con los creadores del informe, coordinado por el periodista Carlos Fonseca y que ha tenido como asesores, entre otros, al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

El lehendakari puso en valor cómo este estudio sirve para “hacer pedagogía”, contribuye al derecho de justicia y reparación de las víctimas, y construye el “puzzle” del pasado para traerlo al presente. “No olvidamos que hay 220 familias sin sentencia aclaratoria”, aseveró Urkullu, quien precisó que los criterios del Gobierno vasco a la hora de abordar esta cuestión residen en poner a la víctima en el centro de toda esta iniciativa, evitar falsas expectativas y tener “responsabilidad institucional”. Y es que -añadió- “nadie puede garantizar que todos los casos sean resueltos”, pero se debe “asegurar que la investigación judicial se desarrolle al máximo”.

Sus palabras no convencieron a Maneiro, que solamente aprecia “errores de bulto” en un informe “mal hecho e incompleto”, ya que, a su entender, estudios similares elevan a más de 300 los asesinatos cometidos por ETA pendientes de resolución. Cabe recordar que en la presentación del estudio Pallín aclaró que el “esclarecimiento” no es un concepto procesal, lo que dificulta la metodología y el resultado final del estudio, en la medida en que el Derecho establece hechos siempre “más allá de toda duda razonable”. Uno de los escollos de partida fue además la disparidad de datos que existen en los distintos registros, desde el Ministerio del Interior a las asociaciones de víctimas. De hecho, se recogen hasta 44 casos “controvertidos” en cuanto a su autoría, entre los que se encuentran los asesinatos de la niña Begoña Urroz (1960), el taxista Germán Aguirre (1975) o el dirigente de ETA(pm) Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur (1976).

zuzen bidean El parlamentario de UPyD puso igualmente el foco en la propuesta Zuzen Bidean impulsada por el Ejecutivo vasco y que recoge veinte medidas encaminadas a recuperar “la normalidad penal y penitenciaria”, entre las que figuran el acercamiento de los reclusos de ETA a cárceles de Euskadi, la puesta en libertad condicional de los mayores de 70 años y dar una respuesta institucional a la denominada vía Nanclares. Maneiro censuró el documento por pretender dar la sensación de que el Estado español no es una democracia y de que se vulneran los derechos de los presos, lo que condujo al portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, a recordarle que en la lucha contra el terrorismo la legalidad procesal penal y penitenciaria española “ha incurrido en algunos excesos que no siempre han sido compatibles con los derechos fundamentales y libertades públicas”.

Aseveración que no es una “ocurrencia” del consejero de Justicia, sino un pronunciamiento de organismos como el Tribunal Constitucional, la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, poniendo como ejemplos las resoluciones europeas contra la doctrina Parot o la falta de investigación eficiente en las denuncias sobre torturas. Erkoreka reprochó que la excepcionalidad promovida desde Madrid en ocasiones ha llegado a “quebrar” el principio de igualdad dado que una conducta enjuiciada al amparo de la legislación antiterrorista puede recibir una condena mucho más “grave” que un comportamiento similar juzgado por la vía ordinaria. Negó asimismo que el documento plantee un “escenario de impunidad” sino todo lo contrario, ya que obedece a una propuesta abierta al diálogo que plantea la necesidad de recomponer tras el fin de ETA la normalidad en el derecho penal y penitenciario.